El pasado lunes ocurrió algo inusual en materia diplomática: la embajada de Estados Unidos informó públicamente que el Departamento de Estado de ese país había revocado la visa de Blanca Aída Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, por su “implicación en graves casos de corrupción”. No recuerdo que en ocasiones anteriores se haya mencionado específicamente a una persona a quien se le retirara la visa por este tipo de razones. Esta vez, el mensaje fue directo, claro y contundente: la exmagistrada es una persona que no es apta para ingresar a EE. UU., medida que se extiende a sus hijos Julio Alejandro Molina Stalling y Otto Fernando Molina Stalling. Si bien el efecto inmediato es que la afectada ya no podrá visitar a Mickey Mouse en Orlando, lo importante es que Washington envía un contundente mensaje de rechazo a la cooptación de la justicia en Guatemala, de lo cual Stalling es una de las principales exponentes.

Los líos de Stalling con la justicia comenzaron cuando el juez Carlos Ruano la denunció por haber tratado de presionarlo para que otorgara beneficios a su hijo Otto Fernando Molina, implicado en el caso IGSS-Pisa. Luego de un intento de fuga, con peluca incluida, la exmagistrada fue capturada y enviada a Mariscal Zavala. Sin embargo, en una insólita audiencia a puerta cerrada, la jueza suplente Abelina Cruz le otorgó arresto domiciliario en agosto del 2018, pese a que se incumplían las dos condiciones fundamentales para dar ese beneficio: que no existiera peligro de fuga, ni riesgo de que tratara de obstaculizar las investigaciones en su contra. En ese momento se consideró que tal medida a su favor demostraba la capacidad de Stalling de influir en procesos penales. Hasta el momento, la exmagistrada ha recusado a cuatro jueces e intenta hacer lo mismo con un quinto juzgador para tratar de retrasar el proceso.

El poder que Stalling ha acumulado en el Organismo Judicial viene desde el 2004 cuando fue nombrada directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, con el apoyo de la bancada del FRG. Con manipulaciones logró prolongar su estancia en esa institución hasta el 2016 cuando se convirtió en magistrada de la CSJ. El Ministerio Público y la Cicig implicaron a la exmagistrada en el caso Bufete de la Impunidad, que negoció con jueces para lograr la libertad de varios implicados en casos de corrupción. A Stalling también se le vincula con grupos como el de Roberto López Villatoro, alias el Rey del tenis, que ha cooptado las estructuras del poder judicial. Entonces no estamos frente al señalamiento contra una persona en particular, sino que el Departamento de Estado de EE. UU. ha apuntado a una de las cabezas más visibles de ese poder corruptor que crea mafias en el seno del Organismo Judicial y que le ha hecho mucho daño al sistema del justicia del país.

La embajada estadounidense fue más explícita en cuanto al carácter de indeseables que representan las personas mafiosas que se han beneficiado por actividades ilícitas, en forma directa o indirecta, y que no deben ir a hacer compras a Miami, Nueva York o enviar a estudiar a sus hijos a ese país. Esta medida ocurre días después de que la Casa Blanca suspendiera la asistencia militar al presidente Jimmy Morales por el uso indebido de los jeep J8 donados y que empleó para tratar de amedrentar a la Cicig y a la propia embajada de EE. UU., así como las duras críticas por la persistencia de la corrupción en el gobierno guatemalteco. Por más que Morales ha tratado de ponerse de alfombra con Washington, no pasa desapercibida la impunidad en que se mueve. Más claros no pueden ser los mensajes que provienen del gobierno estadounidense, que sigue atento a los hechos que ocurren en nuestro país y que han significado un grave deterioro del estado de Derecho.