Datos del Observatorio de la Propiedad Privada y del Ministerio Público, reflejados en un informe reciente de la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), revelan que entre el 2020 y el 2025 se registraron más de 13 mil denuncias por usurpación y usurpación agravada, pero únicamente 99 desalojos fueron ejecutados por el Estado. Esto representa apenas el 0.76% de restitución para las víctimas.

Acdepro señala que el fenómeno ya no se limita a áreas rurales o conflictos por tierras ancestrales. El departamento de Guatemala concentra 2 mil 799 denuncias, situándose como el más afectado del país. La expansión urbana, el negocio ilícito de títulos falsificados y la presencia de pandillas han convertido a la propiedad privada en un botín de alto valor para el crimen organizado, señalan los organizadores.

Solo la Ciudad de Guatemala acumula mil 247 denuncias, seguida por Mixco (352), Villa Nueva (209), San Juan Sacatepéquez (196) y Villa Canales (121), según datos del Ministerio Público.

En estas zonas, el fenómeno ya presenta patrones definidos:

• Las zonas 3, 6, 7 y 18 de la capital lideran en ocupaciones ilegales.
• Mixco registra lotificaciones fraudulentas y tomas violentas en sectores como Lo de Bran y El Milagro.
• Villa Nueva enfrenta ocupaciones vinculadas con la extorsión.
• Chinautla y Amatitlán muestran un crecimiento acelerado de asentamientos sobre terrenos privados.
• Villa Canales reporta inmuebles utilizados como bases operativas por narcotraficantes y secuestradores.

El informe identifica la participación activa de pandillas en la toma de propiedades. Según las evidencias, el esquema inicia con la selección de casas vacías o familias vulnerables, y continúa con amenazas directas, secuestros, asesinatos y expulsiones violentas. Una vez dentro, los grupos criminales convierten los inmuebles en centros de extorsión, bodegas de armas, puntos de venta de droga o casas seguras.

Incluso, abogados y notarios corruptos participan en la falsificación de títulos o en la “legalización” de ocupaciones ilícitas, lo que blinda judicialmente a los usurpadores. Esto genera una economía paralela donde las propiedades robadas se convierten en activos lucrativos del crimen organizado, señala el informe.

Entre los casos recientes figuran: el hallazgo del cuerpo del cantante Farruko Pop en una casa usurpada en la zona 18; la desarticulación de redes de abogados que falsificaban escrituras en Mixco; y el asesinato de un adulto mayor, desmembrado en la colonia Bran para ocupar su vivienda. Estos hechos conforman apenas una muestra del nivel de violencia que acompaña este delito.

Acdepro subraya la incapacidad del Estado para frenar la expansión del delito. El Catastro, el Registro General de la Propiedad, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación operan sin coordinación, lo que facilita el avance de las maras, refiere el documento.

El resultado:

• devaluación de inmuebles;
• incremento en los costos de seguridad;
• crecimiento desordenado de asentamientos; y
• debilitamiento del Estado de derecho y de la inversión privada.

Acdepro advierte que la usurpación metropolitana dejó de ser un conflicto aislado: es ahora una economía criminal. Asegura que, mientras no exista una política integral de restitución expedita, persecución penal especializada y control territorial, el área metropolitana seguirá perdiendo terreno ante las estructuras ilegales.

Gustavo Méndez, presidente de Acdepro, dijo que en los últimos cinco años se ha visto un repunte peligroso en el área de la Ciudad de Guatemala, donde hay más de 2 mil 700 denuncias por desalojos forzosos, es decir, que pandilleros obligan a los propietarios a abandonar sus domicilios.

Agregó que les preocupa la inacción del Estado para concretar los desalojos de los inmuebles. Señaló que los procesos burocráticos imposibilitan que los propietarios recuperen sus bienes. Víctor Hugo Castañeda, secretario de Acdepro y víctima de usurpación, comentó que una de las formas de proteger las propiedades es inmovilizarlas voluntariamente en el Registro General de la Propiedad, para evitar que caigan en manos de estructuras criminales dedicadas a la expropiación ilícita de inmuebles.

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