Migrantes
Nueva regla de “carga pública” podría excluir a familias inmigrantes de programas de salud y alimentación
Organizaciones temen que con la implementación de una nueva regla en EE. UU. se limite el acceso a servicios básicos por temor a repercusiones migratorias.
La nueva norma migratoria, aún en fase de revisión, podría excluir del sistema de salud y alimentación a millones de niños en hogares inmigrantes. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: AFP)
Al menos 190 organizaciones de bienestar infantil han expresado su preocupación por una norma migratoria propuesta en EE. UU., que podría restringir el acceso de miles de niños a servicios esenciales como salud, alimentación y vivienda. El llamado fue dirigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), según reportó Los Angeles Times.
La norma, publicada recientemente en el Federal Register, amplía los criterios bajo los cuales un solicitante de residencia puede ser considerado una “carga pública”. Esto otorgaría a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para negar una tarjeta verde si el solicitante ha utilizado programas de asistencia social.
Expertos advierten que la propuesta generaría un “efecto disuasorio”, al provocar que familias eviten solicitar beneficios legales por temor a afectar su situación migratoria. Entre los servicios que podrían verse comprometidos están Medicaid, CHIP, SNAP, SSI y asistencia de vivienda.
La Asociación Estadounidense de Salud Pública estima que unos 3.7 millones de personas en hogares inmigrantes podrían perder estos beneficios. Además, se proyectan pérdidas económicas por 21.3 mil millones de dólares en beneficios federales y una reducción de 27.4 mil millones en las economías estatales. Hasta 212 mil empleos podrían verse afectados, incluidos 73 mil en el sector salud.
Impacto en niños nacidos en EE. UU.
Las organizaciones firmantes alertan que la norma no solo afectaría a inmigrantes, sino también a millones de niños nacidos en EE. UU. que quedarían sin cobertura médica o apoyo alimentario debido al temor de sus familias a enfrentar consecuencias migratorias.
Investigaciones ya reflejan una baja en la inscripción a programas como Medicaid y SNAP, incluso antes de que la norma entre en vigencia.
Revisión pendiente
Actualmente, el DHS analiza los miles de comentarios públicos recibidos. Mientras tanto, asociaciones médicas, grupos comunitarios y defensores de derechos humanos instan a que la propuesta sea retirada, al considerarla una amenaza directa para la salud y estabilidad de millones de familias.