Estados Unidos
Punto de encuentro
Demandas abusivas y sin sustento
El verdadero objetivo no es ganar el caso, sino abrumar al acusado.
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Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar al profesor Joan Barata, especialista en libertad de expresión, en una sesión de formación dirigida a periodistas centroamericanos. El tema abordado fue el de las “Demandas estratégicas en contra de la participación pública” (Strategic Litigation Against Public Participation —SLAPP—) y sus impactos.
La cercanía de la elección del MP aumenta los riesgos, la persecución y los intentos de desestabilización.
Barata explicó que estas demandas son frecuentemente iniciadas por “actores poderosos como organismos o instituciones estatales, políticos, individuos de alto estatus o empresas con grandes recursos”. Su objetivo es intimidar y silenciar a personas más vulnerables que critican o difunden mensajes de interés público, a quienes participan activamente en el debate y la vida pública del país, llevan adelante acciones en contra de la corrupción y la impunidad, lideran protestas pacíficas y/o se organizan para defender derechos.
“El verdadero objetivo no es ganar el caso, sino abrumar al acusado con procedimientos legales prolongados, costos excesivos y una carga psicológica”, señaló el experto. Imposible al escuchar su conferencia no pensar en la sistemática persecución indebida que lleva adelante el Ministerio Público (MP) —y sus socios querellantes— en contra de líderes sociales, autoridades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, abogados u operadores de justicia que lideraron la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Precisamente como no se trata de “ganar los casos” sino de hostigar a las personas demandadas, el MP de Consuelo Porras fabrica procesos penales que carecen de sustento y que están plagados de anomalías. “Casualmente” casi todos los jueces que los conocen son compinches de la Fiscalía y aceptan como válidos todos los indicios que esta les presenta y, al mismo tiempo, desechan las pruebas de descargo y los argumentos de la defensa y alargan hasta el infinito las fases procesales. El caso de la abogada Claudia González Orellana, exmandataria de la Cicig, a quien el MP acusa de abuso de autoridad, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos cuando ella no ha ostentado nunca esa calidad, es un claro ejemplo de lo anterior.
Otra característica de las SLAPP que cumple al 100% la Fiscalía es el uso malicioso de tipos penales —como terrorismo o asociación ilícita— que conllevan penas largas de cárcel. Cómo no indignarse con la impresentable acusación en contra de las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán de 2023, Héctor Chaclán, Luis Pacheco y Basilio Bernardo García, cuyo liderazgo impidió un golpe de Estado. Aunque a don Basilio se le otorgó prisión domiciliar, Chaclán y Pacheco permanecen privados de su libertad, al igual que el exfiscal Anticorrupción, Stuardo Campo, y el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, todos víctimas de estas demandas abusivas y sin sustento.
Sobre el caso del expresidente de elPeriódico, Joan Barata dio una explicación clave: “No es casualidad que se escoja en un momento dado a uno de los periodistas más importantes del país. No se escoge a un periodista menor, no se escoge a un periodista desconocido, se escoge a un periodista particularmente conocido con premios, reconocimientos a nivel internacional (…). En la medida en que se ataca a una persona de esa notoriedad, se está enviando un mensaje a otras personas, a otros periodistas menos conocidos, incluso más vulnerables, advirtiéndoles de lo que les puede suceder si hacen lo mismo que el periodista que ha sido demandado”.
Cada vez está más cerca la elección de un nuevo/a fiscal general que termine con este ciclo oscuro y perverso. Y es precisamente esta cercanía en el tiempo la que aumenta los riesgos, la persecución y los intentos de desestabilización, que se expresan de múltiples formas.
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