Estados Unidos
Hagamos la diferencia
Guatemala no se desarrollará con discursos: necesita un Estado que funcione
Instituciones, poder, responsabilidad compartida y futuro nacional.
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Guatemala inicia un nuevo año político con una verdad incómoda: el estancamiento nacional no es producto de la mala suerte ni de la falta de recursos, sino del funcionamiento defectuoso, y en muchos casos “capturado”, de sus instituciones y de una sociedad que ha aprendido a convivir con esa disfunción. Mientras se multiplican los discursos, la realidad cotidiana sigue marcada por pobreza, migración, informalidad y una profunda desconfianza en el Estado. El problema no es que no sepamos qué hacer; es que demasiados actores se benefician de que nada cambie.
Sin un Congreso responsable, un sistema de justicia creíble y una Presidencia con visión, el desarrollo seguirá siendo una promesa que nunca llega.
El Congreso de la República, llamado a construir las reglas del desarrollo, se ha convertido con frecuencia en un espacio de negociación de privilegios. La ausencia de reformas estructurales en educación, infraestructura, competencia, inversión pública y transparencia no es un error: es el resultado de un sistema político que prefiere la discrecionalidad a la institucionalidad. Un país sin leyes modernas y estables es un país donde el futuro se negocia cada cuatro años.
El sector justicia, que debería ser el pilar de la certeza jurídica, ha sido debilitado por presiones políticas, económicas y criminales. Cuando la ley no es igual para todos, se destruye la confianza social y se ahuyenta la inversión productiva. Sin tribunales independientes y fiscales protegidos, el mensaje es devastador: en Guatemala la impunidad es una moneda de cambio.
La Presidencia, por su parte, tiene el mandato de gobernar, no solo de administrar crisis. Pero sin una visión clara de país, sin prioridades de largo plazo y sin capacidad para articular políticas públicas, el Ejecutivo se convierte en un gestor de la inercia. Gobernar es decidir qué se construye, qué se reforma y qué se protege; cuando eso no ocurre, el tiempo pasa y el atraso se consolida.
Pero sería un error cargar toda la responsabilidad en el Estado. La sociedad civil también enfrenta una crisis de representación y de propósito. Parte de ella ha sido cooptada por agendas ideológicas, por financiamiento opaco o por luchas internas que la alejan de los problemas reales de la gente. Cuando la ciudadanía organizada deja de dialogar con la población y se encierra en burbujas, pierde legitimidad y capacidad de incidencia.
La iniciativa privada tampoco está exenta de responsabilidad. Mientras algunos sectores invierten, innovan y generan empleo, otros han preferido históricamente un Estado débil que permita privilegios, monopolios y evasión de reglas. Sin competencia justa, sin inversión en productividad y sin compromiso con el país, el crecimiento se concentra y el desarrollo nunca llega.
A este entramado de fallas se suman los grandes problemas estructurales que Guatemala sigue sin resolver: un sistema educativo que no logra formar competencias básicas ni talento científico; una infraestructura vial y logística colapsada que encarece producir y comerciar; un sistema de salud insuficiente; una política de vivienda inexistente y una gestión ambiental que permite la degradación de los recursos naturales. Estos déficits no son solo carencias técnicas; son barreras directas al desarrollo humano y económico.
Guatemala no se transformará solo con buenas intenciones. Necesita un Congreso que legisle para el bien común, un sistema de justicia que no negocie la ley, una Presidencia que piense en décadas y no en coyunturas, una empresa que compita e innove, y una sociedad civil que vuelva a conectar con la ciudadanía real. El desarrollo no es un discurso; es un entramado de decisiones, reglas y responsabilidades compartidas.
La pregunta que este nuevo año nos plantea es tan incómoda como necesaria: ¿seguiremos aceptando un sistema que nos mantiene atrapados o asumiremos, desde cada sector, la responsabilidad de construir un país que realmente funcione? En estas elecciones que se consideran intermedias: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, Banco de Guatemala, SIB, es importante que el voto de cada representante sea bien meditado, pensando en el país y no en sí mismo, ni en correspondencia a órdenes de grupos que tienen secuestrado el Estado. Necesitamos cambiar ya el país.
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