Estados Unidos
De mis notas
La minería en Guatemala 2026 DC
Una oportunidad de oro para explotar nuestros recursos naturales.
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En el titular de Prensa Libre el día ayer se leía: “La minería metálica reactiva operaciones”. Una buena noticia que, a la vez, nos debe recordar la caótica y conflictiva historia de esa industria extractiva que se paralizó desde hace varios años, debido a una sistemática, espuria y corrupta oposición de la ecohisteria activista politiquera.
Una consulta no es veto. La Constitución protege el trabajo; no puede bastar un “no me gusta” para detener inversión lícita.
Se perdieron miles de empleos y miles de millones de quetzales. Proyectos como la Mina San Rafael, habiendo invertido US$1 mil 200 millones y paralizada durante casi dos años, no soportó la hemorragia. Los inversionistas se vieron obligados a vender. Una salida que, frente al capital hundido y el riesgo país, se sintió como una venta a precio de liquidación.
El Gobierno, con una mentalidad y análisis obtuso, declaró una moratoria indefinida de la minería. Se dejaron en suspenso muchos proyectos. La pérdida de futuras inversiones y empleos fueron incalculable. Ganaron las oenegés radicales y contestatarias…
Todavía recordamos cómo estos activistas radicales desplegaron durante años todo tipo de argucias y cuestionables prácticas, utilizando desde secuestro de agentes de la PNC, robándoles las armas, robo de un camión de explosivos, incendio de un hotel y campañas de desinformación con supuestas violaciones a la Pachamama.
En esos años, la explotación de oro y plata ya eran muy lucrativos. Ahora, con precios históricamente elevados, nuestros recursos minerales se convierten en un recurso de desarrollo estratégico de alto impacto económico, ingresos fiscales, empleos y atracción de inversiones. Para dimensionarlo: el oro cerró el 2015 con alrededor de US$1 mil 62 por onza, y hoy ronda US$5 mil 56 – US$5 mil 79 por onza; es decir, cerca de 4.8 veces más alto. En plata el salto es casi seis veces.
Pero, y es un “pero” en mayúscula. Aquí es donde el peso histórico de las heridas de la ecohisteria activista politiquera deja a la vista una cicatriz muy visible a los ojos de los inversionistas extranjeros. ¿Por qué venir a Guatemala con semejante récord, si pueden hacerlo en otros países con políticas amigables? Se requiere un entorno social y político favorable y un Estado que garantice el debido proceso y la protección al derecho de trabajo. ¿Lo hará este gobierno con las elecciones a la vuelta de la esquina y el hambre de tarimazos demagógicos electoreros en plena efervescencia?
Por lo pronto, se felicita a los inversionistas que se atreven a confiar a pesar de esta historia. Nuestro país tiene un potencial muy grande que se puede expresar con cifras verificables: solo el proyecto Cerro Blanco / Era Dorada ha reportado reservas probadas y probables de 2.8 millones de onzas de oro y 12.6 millones de onzas de plata. Esos recursos minerales deben aprovecharse como lo hace la mayoría de países del mundo. El precio de los metales preciosos de cara al futuro es literalmente una oportunidad de “oro”.
Guatemala no puede darse el lujo de perder esta ventana dorada. Si explotamos nuestros recursos conforme a las normas correctas, con fiscalización seria, monitoreo ambiental verificable y respeto al debido proceso, el impacto será profundo y sostenido: más empleo formal más inversión, más encadenamientos productivos y más ingresos fiscales para obras reales.
Pero no se puede permitir que los proyectos productivos se gobiernen a punta de tarima y bloqueo. Las consultas deben ordenar el proceso, no sepultarlo. Si un proyecto cumple la ley y se somete a controles, el “no me gusta” no puede ser veto.
La Constitución protege el trabajo y la actividad económica.
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