La fase de recepción de pruebas de descargo en el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) concluyó este lunes 23 de marzo, con la entrega de la documentación requerida a seis de los 49 profesionales que recibieron señalamientos.

A lo largo de la jornada de recepción de pruebas de descargo, solo cuatro aspirantes se apresuraron a entregar la documentación; sin embargo, la actual jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, lo hizo hasta este lunes, y la entrega estuvo a cargo de una mandataria.

Además, este lunes también presentó sus pruebas de descargo el aspirante Walter Brenner Vásquez Gómez.

Carlos Humberto Rivera Carrillo, Henry Alejandro Elías Wilson, José Manuel Quinto Martínez y Marco Antino Cortez Sis son los otros aspirantes que entregaron sus pruebas de descargo.

Para este martes 24 de marzo se espera que los 49 postulantes acudan a la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ) para realizarse las pruebas psicométricas.

La Comisión de Postulación tiene la tarea de integrar la nómina de seis candidatos a fiscal general, que enviará al Ejecutivo el 17 de abril.

Bajo observación internacional

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó este viernes a las autoridades a garantizar una “valoración objetiva” de la trayectoria judicial en el actual proceso de elección del próximo fiscal general para el período 2026-2030.

El pronunciamiento surge tras la presentación de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados porque, según se argumenta, el desempeño de cargos judiciales no equivale al ejercicio de la profesión de abogado, un requisito indispensable según la Constitución Política.

Ante esto, la misión del organismo regional subrayó en un comunicado que la función jurisdiccional constituye una “manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico”.

Asimismo, la Misión Especial de la OEA advirtió que aplicar interpretaciones “excesivamente restrictivas y formalistas” podría limitar de forma irrazonable la participación de jueces y magistrados en una etapa crucial para la democracia guatemalteca.

El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general, que sustituirá a Consuelo Porras —actual jefa del Ministerio Público—, cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción, se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.

La Comisión de Postulación, instalada en febrero pasado, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá realizar el nombramiento final antes del 16 de mayo.

La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios “claros, objetivos y previsibles”, con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.

El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

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