Estados Unidos
Mirador
Trasladar el fracaso
Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.
|
La inauguración de la autopista privada Xochi volvió a dejar una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: el Estado parece haber renunciado no solo a hacer bien las cosas, sino incluso a intentarlo. Y lo más preocupante no es únicamente su incapacidad para construir infraestructura, gestionar salud pública o resolver problemas básicos, sino la normalización de una peligrosa dejadez institucional: un gobierno que cada vez delega más funciones esenciales mientras mantiene intacta una enorme estructura burocrática, costosa y políticamente protegida.
El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa; lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono.
El caso de Xochi es revelador. La iniciativa privada logró construir una obra que el Estado fue incapaz de sacar adelante durante años, y no es la única. Pero ni siquiera eso ocurrió fácilmente. Hubo retrasos, obstáculos administrativos, presiones y todo tipo de trabas para un proyecto que vino, precisamente, a resolver una carencia histórica del propio gobierno. Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.
La misma lógica se repite en casi todos los ámbitos. El Ministerio de Comunicaciones ha terminado dependiendo de ingenieros militares para ejecutar proyectos que debería administrar la institucionalidad civil. El Ministerio de Salud compra medicamentos a través de organismos internacionales como Unops, porque tampoco logra garantizar procesos eficientes por sí mismo. Y hasta la construcción del hospital contra el cáncer descansa en la cooperación taiwanesa. El mensaje que transmite el propio Estado es devastador: el gobierno acepta abiertamente que no puede cumplir adecuadamente las funciones para las cuales existe.
Y, aun así, los ministerios continúan operando con presupuestos millonarios, estructuras sobredimensionadas y funcionarios con salarios elevados. Se terceriza la ejecución, pero no desaparece el aparato político. El Estado mantiene el gasto, conserva el poder y delega la responsabilidad.
Pero hay funciones que difícilmente pueden subcontratarse. La seguridad es una de ellas. Y justamente ahí comienzan a aparecer nuevamente señales preocupantes. Durante abril y mayo los homicidios con arma de fuego volvieron a superar los registros del año pasado, rompiendo la tendencia relativamente positiva del primer trimestre. Los enfrentamientos con narcotraficantes, grupos armados y estructuras criminales urbanas son cada vez más visibles, más violentos e impactantes para la percepción ciudadana.
El problema ya no es únicamente criminal, es institucional. Cuando un Estado transmite incapacidad permanente para construir infraestructura, gestionar hospitales, controlar el territorio o garantizar seguridad, también comienza a perder algo mucho más importante: la confianza de la población. Y sin confianza, ningún gobierno mantiene legitimidad durante demasiado tiempo.
Eso ayuda a explicar por qué las últimas encuestas reflejan niveles de aprobación presidencial cada vez más bajos y una creciente sensación de frustración nacional. El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa. Lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono; la sensación de que el gobierno simplemente dejó de gobernar.
Porque, al final, un Estado que renuncia progresivamente a cumplir sus funciones esenciales corre el riesgo de convertirse en algo mucho más peligroso que un gobierno ineficiente: una estructura que consume recursos concentra poder político y exige obediencia, pero que deja de servir realmente a la sociedad a la que pertenece, de la que depende y cobra.
ESCRITO POR:
