Estados Unidos
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Q19 mil millones más… ¿para qué?
La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?
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Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.
Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.
Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.
Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?
Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población.
A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.
Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.
Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…
Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.
Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.
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