Estados Unidos
Pluma invitada
El IUSI: cuando un impuesto pierde el equilibrio
En un momento en que el costo de los combustibles y otros gastos presiona el presupuesto familiar, cualquier reducción puede ofrecer un respiro.
|
Durante sus primeros años vi el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) con buenos ojos. Su estructura parecía sostenerse sobre un principio razonable: destinar el 70 % de lo recaudado a inversión y el 30 % al funcionamiento municipal. Era una fórmula que permitía transformar el aporte de los propietarios en calles, drenajes, alumbrado y otras obras visibles dentro de sus comunidades.
Reflexiones ante la reciente modificación del tributo sobre los inmuebles residenciales
También resultaba positivo que los Consejos Comunitarios de Desarrollo tuvieran un asiento en las mesas donde se discutía el presupuesto de inversión de sus sectores. En teoría, el impuesto cerraba un círculo virtuoso: el vecino contribuía, la municipalidad administraba y la comunidad participaba en la definición de las obras.
Durante mucho tiempo, además, los valores inscritos de muchas propiedades permanecieron relativamente bajos. Por ello, las tasas de 3, 6 y 9 por millar no representaban una carga desproporcionada para la mayoría de los contribuyentes. El mecanismo conservaba cierto equilibrio entre la capacidad de pago, el valor registrado y el beneficio esperado.
El problema surgió cuando la necesidad de aumentar los ingresos municipales impulsó procesos de revaluación y una creciente presión para consignar valores comerciales en las matrículas fiscales. Entonces, el fiel de la balanza comenzó a desplazarse. Hubo propietarios que pasaron de pagar alrededor de Q50 por trimestre a desembolsar más de Q1,000 en el mismo periodo. El impuesto dejó de percibirse como una contribución razonable y empezó a sentirse, para muchas familias, como una carga repentina y difícil de absorber.
La valuación inmobiliaria no es una fotografía inmóvil; se parece más a un instrumento de precisión que debe recalibrarse cuando cambian las condiciones del entorno. Sin embargo, en la práctica, los valores parecieron moverse únicamente en una dirección: hacia arriba. Una vez incrementada la matrícula, rara vez se revisaba a la baja, aun cuando un sector sufriera violencia, depresión inmobiliaria, inundaciones, deterioro urbano u otras circunstancias capaces de reducir el valor real de un bien.
Allí se produjo una de las mayores fracturas del sistema. Si el impuesto pretende apoyarse en el valor del inmueble, también debería reconocer sus pérdidas de valor. Un catastro que solo registra la plusvalía, pero ignora la minusvalía, funciona como una brújula que señala siempre hacia el mismo punto, aunque el terreno haya cambiado.
A ello se sumó la percepción de que los fondos recaudados en un sector se destinaban a otros sectores o a proyectos que no guardaban relación directa con las necesidades de quienes soportaban la carga tributaria: salones, edificios municipales y diversas obras alejadas de sus prioridades. La solidaridad territorial puede ser legítima y necesaria, pero requiere reglas claras, transparencia y una explicación convincente sobre la forma en que se distribuyen los recursos.
Tampoco ayudaron los abusos denunciados en cobros, multas y gastos, ni las sospechas de corrupción. Mucho menos contribuyó la falta de empatía en algunas oficinas municipales, donde el ciudadano llegaba a sentirse tratado como adversario y no como contribuyente. Cuando la administración pierde la capacidad de explicar, escuchar y corregir, el tributo deja de ser un puente entre la comunidad y el municipio y se convierte en un muro de desconfianza.
Por eso, una parte importante de la población recibe con alivio la modificación aprobada para los inmuebles residenciales. En un momento en que el costo de los combustibles y otros gastos presiona el presupuesto familiar, cualquier reducción puede ofrecer un respiro. No obstante, conviene recordar que los ingresos del IUSI también han sido relevantes para las finanzas municipales. Reducirlos sin revisar simultáneamente la eficiencia del gasto, la transparencia y las fuentes alternativas de financiamiento podría trasladar el problema de un bolsillo a otro.
Es previsible que surjan amparos y acciones de inconstitucionalidad. Habrá que observar sus fundamentos y la respuesta de las cortes. También es posible que, más adelante, se proponga un impuesto territorial u otro mecanismo que restituya parte de los recursos que las municipalidades dejarán de percibir.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a decidir si el IUSI se reduce, se mantiene o se sustituye. El verdadero desafío consiste en construir un sistema técnicamente actualizado, socialmente razonable y administrado con transparencia: que reconozca tanto la plusvalía como la minusvalía; que permita impugnar avalúos injustificados; que trate al contribuyente con respeto; y que demuestre, con obras y cuentas claras, el destino de cada quetzal recaudado.
Un impuesto puede sostener las finanzas de una municipalidad, pero solo la confianza ciudadana puede sostenerlo en el tiempo. Esperemos que la reforma aprobada no sea simplemente un recorte momentáneo, sino la oportunidad de corregir el sistema desde sus cimientos.
ESCRITO POR:
