Estados Unidos
Hagamos la diferencia
El Congreso debe recordar que el dinero público tiene dueño
Responsabilidad fiscal: el costo de las decisiones del Congreso
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Gobernar los recursos públicos exige mucho más que aprobar gastos, subsidios o exoneraciones. Cada quetzal utilizado hoy representa una decisión sobre las necesidades que Guatemala podrá atender mañana. Guatemala necesita un Congreso que comprenda que administrar el presupuesto significa establecer prioridades, medir consecuencias y garantizar que las decisiones de hoy no comprometan el futuro.
El presupuesto nacional no es una chequera política.
El Presupuesto actual asciende a Q163 mil 469.3 millones, aprobado mediante el decreto 27-2025. Es una enorme responsabilidad: detrás de cada quetzal hay impuestos, deuda y recursos que podrían destinarse a educación, salud, seguridad, infraestructura y desarrollo rural. Por eso preocupa la facilidad con que el Congreso aprueba decisiones que reducen ingresos o comprometen recursos públicos.
En febrero del 2025, la Junta Directiva concretó el aumento de las remuneraciones de los diputados: el sueldo base pasó de Q9 mil 600 a Q46 mil 700 y, con dietas y otros conceptos, podía alcanzar aproximadamente Q66 mil mensuales. La discusión no debería centrarse solamente en cuánto debe ganar un diputado, sino en una pregunta fundamental: ¿con qué criterios técnicos y financieros se determina una remuneración que paga el contribuyente? En abril de 2026, el Congreso aprobó el decreto 11-2026, que destinó Q2 mil millones a subsidiar durante tres meses los combustibles. El subsidio podía justificarse ante el incremento internacional. Pero incluyó Q808 millones provenientes de reducciones presupuestarias, entre ellas Q550 millones del Ministerio de Comunicaciones y Q200 millones de Defensa, además de recursos del Maga. Los restantes Q1 mil 192 millones podían obtenerse mediante reordenamientos presupuestarios autorizados al Ministerio de Finanzas. La pregunta es inevitable: ¿qué obras o programas dejaron de recibir prioridad para financiar ese alivio temporal?
El Congreso también aprobó la eliminación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones mediante el decreto 6-2026, emitido en febrero y vigente desde el 1 de abril. Eliminar un impuesto puede ser válido si se demuestra que genera más beneficios económicos y sociales que costos fiscales. Pero debe explicarse cuánto dejará de recaudar el Estado, quiénes serán los principales beneficiarios y cómo se compensará esa reducción. El 29 de julio de 2026, el Congreso aprobó el decreto 18-2026, que elimina el pago del IUSI para viviendas de uso habitacional. La discusión adquiere otra dimensión porque el IUSI es una fuente de ingresos municipales. Si se reduce esa recaudación, debe explicarse cómo se compensará a las municipalidades para evitar que sean los servicios públicos y las obras de las comunidades quienes paguen el costo. Por si fuera poco, autorizó también una extensión del pago del Impuesto de Circulación de vehículos hasta diciembre; ello desestimula a quienes cumplieron su obligación en tiempo.
Hay que reconocer que estas medidas responden a problemas reales. El combustible caro afecta el transporte y los alimentos. Los impuestos pueden convertirse en una carga. Las familias necesitan protección económica. Pero una buena intención no convierte automáticamente una decisión en una buena política pública. El verdadero desafío es calcular el costo completo de cada decisión: cuánto beneficia hoy, cuánto deja de recibir el Estado, qué programas podrían sacrificarse y quién terminará pagando la diferencia. El Congreso tiene derecho a legislar, pero también tiene la obligación de hacerlo responsablemente. Antes de aprobar una exoneración, un subsidio o un nuevo gasto debería presentar públicamente su impacto fiscal, identificar de dónde saldrán los recursos y explicar qué prioridades podrían verse afectadas. Guatemala no necesita un Congreso que simplemente diga “sí” a las demandas populares. Necesita un Congreso capaz de decir sí cuando corresponde y no cuando sea necesario. La responsabilidad fiscal no significa negar ayuda a quien la necesita. Significa garantizar que esa ayuda sea sostenible, focalizada y financiada responsablemente. El presupuesto nacional no es una chequera política. Es el dinero de todos los guatemaltecos. Administrarlo bien no es una opción: es una obligación.
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