El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló ayer que la empresa brasileña Norberto Odebrecht pagó sobornos por US$18 millones a funcionarios y políticos guatemaltecos, vía empresas de cartón, entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti gobernaban al país.La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

Se explicó que se acordó el pago del soborno a un alto funcionario guatemalteco —no se reveló el nombre—, quien recibiría un porcentaje del valor del contrato a lo largo de la vida del proyecto, a cambio de garantizar los desembolsos. Con este mecanismo de firmas de cartón se pagó un aproximado de US$11.5 millones —Q86.3 millones—.

Prensa Libre se comunicó con los representantes legales de Odebrecht en Guatemala y ofrecieron ponerse en contacto con personeros de la empresa, pero no emitieron opinión.

Aunque la negociación del proyecto y el crédito por US$384 millones estuvo en manos del Ejecutivo, fue el Congreso el que con 108 votos aprobó el crédito el 11 de octubre de 2012. Aunque no estaba en el orden del día, se incluyó en la discusión a través de una moción que presentó el diputado Christian Boussinot, del bloque Todos, junto con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera. El legislador Roberto Villate denunció sobornos por votos.

Incumplimiento

El proyecto carretero tiene un avance físico de 30%, pero se ha otorgado ya el 70% de los recursos financieros, los cuales fueron directamente a la empresa Odebrecht.La obra, según el contrato, empezó a construirse el 24 de junio de 2013. Sin embargo, pocos meses después, el 25 de noviembre de ese año, se modificaron los términos.

Esto motivó una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, ya que elevaba sustancialmente el costo por kilómetro, y el monto total de US$384.3 millones (casi Q3 mil millones) alcanzaría solo para la ampliación de 48 kilómetros. El 5 de febrero de 2016, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reportó la última supervisión al proyecto. La obra debía construirse en mil 96 días y, en ese momento, faltaban 144 para entregar el proyecto. Pero los avances reportados no correspondían al avance físico.

En mayo de 2016, hace 10 años, Odebrecht tomó la decisión de detener la obra, no solo por los hallazgos del gobierno y los señalamientos de la Contraloría de Cuentas, sino por el escándalo que había estallado en Brasil, dos años antes, el cual expuso los sobornos a funcionarios de varios países para recibir adjudicaciones de obra.

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