Catalejo
La valentía necesaria para aplicar una ley
El TSE tiene, en lo electoral, jerarquía superior a cualquier otra institución, incluyendo las relacionadas con leyes.
Aunque parezca obvio, los integrantes el Tribunal Supremo Electoral deben actuar con celeridad y valentía para convertirlo, realmente, en la máxima autoridad de lo relacionado con los comicios. Debe retornar algo intencionalmente hecho a un lado: el significado de los términos no puede ser distinto o contrario al indicado por la máxima autoridad del Diccionario de la Lengua Española, el libro oficial de la lengua oficial del país. Guatemala es república hispanoparlante, aunque convivan lenguas de las culturas previas a la conquista en 1524. Ejerce el papel de lengua franca, unificadora, al ser el puente entre los ladinos y las 22 lenguas mayenses, el xinca y el garífuna, y comunica lingüísticamente a Hispanoamérica y a 60 millones de estadounidenses.
En el campo idiomático, supremo significa máximo, independiente. No caben apelaciones, ni amparos o trabas cuando toma una decisión y señala a los electos por los ciudadanos en los poderes del Estado. Tiene la atribución de tomar decisiones, realizar cambios y nuevas decisiones. Puede corregir criterios integrados sin tomar en cuenta posibles necesidades para evitar problemas cuyo resultado sea afectar al sistema democrático como ha funcionado desde 1984, cuando nació la actual Constitución guatemalteca. Otros países tienen una mayor facilidad para convertir a los comicios en más efectivos y sobre todo confiables, gracias a enmiendas, cambios, correcciones, adiciones y supresiones. En Guatemala la realidad señala el momento de realizarlos.
uando se tiene mando legalmente afianzado, no se debe tener temor de utilizarlo.
La actual realidad política del país es el resultado de haber llegado poco a poco pero sin detenerse a la exageración, a la extrema y absurda defensa o ataque de posiciones contrarias. Ya no hay personas con un pensamiento distinto, ni siquiera adversarios, sino enemigos y, por tanto, destruirlo, incluyendo matarlo, es un imperativo, una orden. El caso actual más claro y en proceso de crecimiento simplista es el de la existente dicotomía, es decir dos partes condenadas a destruirse, entre los conceptos derecha o izquierda, nacidos en la Francia revolucionaria y referentes al lugar del parlamento donde se sentaban ciudadanos de criterios opuestos. Los 36 años de guerra interna, con sus miles de muertos, debería ser el motivo de no repetir una división condenada a causar muertes.
La multiplicación de “partidos” politiqueros dirigidos por “líderes autonombrados” es otro factor destructivo, porque no tienen base ideológica, ni política. Hace algunos días recibí por una red social un listado de 20 ciudadanos autoescogidos para la carrera presidencial, de los cuales siete han fracasado antes y cuyos nombres se conocen, no así los del resto. Provoca risa o enojo porque ninguno de ellos tiene oportunidad alguna de quedar en primero o segundo lugar. El TSE ya debería haberse pronunciado porque, a mi juicio, nadie puede señalar la totalidad de sus nombres. Las condiciones para lanzarse son mínimas: 40 años, ser alfabeto y estar en ejercicio de sus derechos. Responde a criterios cándidos, inocentes, ingenuos y, por tanto, débiles.
Cuando se tiene mando legalmente afianzado, no se debe tener temor de utilizarlo. El TSE tiene, en lo electoral, jerarquía superior a cualquier otra institución, incluyendo las relacionadas con leyes. Si no fuera así, serían esas entidades las encargadas de manejar las elecciones. Lógica aristotélica milenaria. Algo similar sucedió con el caso de la jefatura del Ministerio Público, pues malas interpretaciones causaron miedo de aplicarla. Es un tema cuya dificultad nace cuando hay intenciones equivocadas o malas. Si el TSE se mantiene sin incluir la “S”, sus integrantes deben admitirlo y enfrentarse a consecuencias similares o peores a las derivadas de planes para terminar con la democracia guatemalteca, cada vez más débil ante las amenazas para destruirla.