Estados Unidos
Catalejo
Una jueza impide negar visas legales
En vista de la decisión de la jueza Vargas, la cancillería guatemalteca necesita actuar de inmediato para proteger a los connacionales víctimas de la ilegalidad hoy comentada.
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La jueza Jeanette Vargas, de New York, en una sentencia de 61 páginas invalidó negarle la visa estadounidense a ciudadanos de 75 países, impuesta desde principios de año, y calificó de manifiestamente ilegal la decisión conjunta de Donald Trump y de Marco Rubio. Esa ilegalidad alcanzaba no solo a quienes no tenían papeles, sino a aquellas personas con sus documentos en orden. Guatemala es uno de los países latinoamericanos incluidos, junto con Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay. El resto son Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia y Yemen. Lo importante no se refiere a la posición ideológica de los países, incluyendo Estados Unidos, por negarse a cumplir las leyes estadounidenses.
La decisión de negar visa a personas con papeles en orden, fue talada por una juez por ser manifiestamente ilegal.
Por su parte, algunos ciudadanos de Estados Unidos y representantes de entidades defensoras de los derechos de los inmigrantes legales, calificaron a la decisión anulada de discriminatoria e ilegal, causante de dolores innecesarios a numerosas familias. Tradicionalmente, en la Unión Americana las decisiones de los jueces son sólidas por estar bien fundadas, en este casi con esas 61 páginas. Probablemente, el gobierno trumpista acudirá a otras instancias legales superiores, entre ellos la Corte Suprema, integrada ahora por jueces conservadores. Por ello tienen con cierta tendencia a decidir favorablemente las posiciones oficiales, sobre todo de gobiernos republicanos, riesgo serio porque los cargos son vitalicios, otra peculiaridad, al nombrarlos el presidente.
A este respecto es importante señalar las ventajas y desventajas de una corte suprema así. Es positiva la calidad vitalicia porque de esa manera se reducen o eliminan las presiones partidistas a los magistrados, pero es negativo el hecho de la imposibilidad de quitarlos si suceden acciones abiertamente ilegales, no solo interpretaciones cuestionables. Un resultado en la realidad es la senectud de sus integrantes, lo cual también tiene la ventaja de la experiencia para decidir de acuerdo a jurisprudencia. Los otros motivos de salir son la renuncia ya sea por voluntad propia o por alguna enfermedad prolongada y o insalvable. Toda moneda, innecesario es repetir, tiene dos caras, pero si se debe escoger, a mi criterio debe permanecer el de ser cargos con tiempos fijos.
En vista de la decisión de la jueza Vargas, la cancillería guatemalteca necesita actuar de inmediato para proteger a los connacionales víctimas de la ilegalidad hoy comentada. Es trabajo del embajador Hugo Beteta, cercano a Bernardo Arévalo, cuya experiencia en asuntos diplomáticos sin duda será muy útil para proteger a los ciudadanos de Guatemala, sin importar su estatus legal, aunque obviamente con preferencia a quienes están dentro del marco legal estadounidense. Los connacionales suelen no tener confianza, en general, en las acciones de los consulados y las embajadas, por diversos motivos y con contadas excepciones. En Washington es fundamental tener buenas conexiones, sobre todo con los llamados “staffers” (encargados) de los “escritorios” de cada país.
Una posibilidad adicional es unirse a los demás países latinoamericanos, porque comparten la ilegalidad apoyada por el actual presidente del ejecutivo estadounidense jefe de Estado. En este momento, el gobierno de Trump no necesita agregar más problemas con los vecinos de este continente, porque ya tiene suficientes en los países medio-orientales, en especial Irán. Se debe tomar en cuenta el aspecto humano de esto: familias separadas, niños afectados por el miedo de ser latinos, escuelas con discriminaciones, amenazas de los policías de la ICE, trabajadores eliminados de sus trabajos. Todo eso afecta además a la economía estadounidense, sobre todo de pequeñas empresas agrícolas, afectadas por la falta de mano de obra y el aumento de la inflación.
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