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Hagamos la diferencia
El agua: el desafío que Guatemala no puede seguir posponiendo
Es urgente aprobar una ley de aguas, pero sobre todo una política nacional de seguridad hídrica.
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Somos un país con abundantes lluvias durante buena parte del año, numerosos ríos, lagos y zonas de recarga hídrica, pero cada vez enfrentamos mayor escasez de agua para consumo humano y producción de alimentos. El problema no es solamente cuánto llueve. El verdadero problema es cómo administramos el agua.
Guatemala no puede controlar cuándo lloverá, pero sí puede decidir qué hará con el agua cuando llueva.
Nuestra Constitución establece que todas las aguas son bienes de dominio público y ordena que una ley regule su aprovechamiento, uso y goce. Sin embargo, Guatemala continúa sin una ley general de aguas que establezca reglas claras para administrar integralmente este recurso estratégico. El resultado es una gestión fragmentada, responsabilidades dispersas y limitada capacidad para proteger fuentes, controlar la contaminación, regular extracciones y planificar el uso del agua. A esto se suma el cambio climático. El fenómeno de El Niño puede provocar períodos más prolongados de sequía, reducir caudales y afectar la producción agrícola. Mientras tanto, durante la época lluviosa, buena parte del agua escurre rápidamente hacia los ríos y finalmente al mar, mientras comunidades y productores enfrentan escasez meses después.
Esta contradicción debería hacernos reaccionar: no podemos seguir administrando el agua como si cada año fuera independiente del anterior. Guatemala necesita una Política Nacional de Seguridad Hídrica, respaldada por una Ley de Aguas moderna. Esta debe establecer prioridades, derechos y obligaciones; proteger las zonas de recarga; ordenar el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas; promover el tratamiento y reutilización, y crear una autoridad nacional capaz de planificar por cuencas. Pero una ley no será suficiente. Necesitamos también un sistema nacional de riego que permita almacenar el agua de la época lluviosa y utilizarla durante la época seca. No se trata solamente de construir grandes represas. Debemos aprovechar reservorios, cosecha de agua, almacenamiento comunitario, conducción eficiente y tecnologías como el riego por goteo y aspersión.
Israel demuestra que un país puede convertir la escasez en innovación mediante planificación, medición, eficiencia, reutilización y tecnología. El sur de España ofrece otra experiencia: modernizar el regadío mediante redes presurizadas, automatización, telecontrol y participación de los productores. No se debe copiar modelos extranjeros, pero sí aprender de ellos. Un sistema nacional de riego permitiría producir durante la época seca, elevar la productividad, reducir las pérdidas por sequía y fortalecer la seguridad alimentaria. También contribuiría a transformar la agricultura de subsistencia en una actividad más productiva y orientada al mercado. La inversión debe priorizar las regiones con mayor vulnerabilidad climática y potencial agrícola. El Estado puede aportar infraestructura estratégica y facilitar crédito, mientras productores, cooperativas y organizaciones de usuarios participan en la operación y mantenimiento.
Continuar reaccionando ante cada sequía es mucho más caro que prevenirla. Cada año destinamos recursos a atender las consecuencias de la falta de agua, pero seguimos sin construir una solución estructural. El desafío requiere visión de largo plazo. Una ley de aguas debe establecer las reglas, una autoridad nacional debe planificar, las comunidades y productores deben participar y el Estado debe invertir en infraestructura. El agua no debe ser una emergencia nacional cada vez que deja de llover. Debe convertirse en una política nacional de desarrollo. Administrar mejor el agua significa producir más alimentos, generar empleo, proteger nuestros ecosistemas y preparar al país para un clima cada vez más variable. El futuro de Guatemala también se está jugando en cada gota que hoy dejamos escapar.
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