Desarrollo de país

Petróleo 2026 y Presupuesto 2024-2027 = inflación

El precio del petróleo y la economía están conectados de forma directa.

El 28 de febrero de este año se inició el conflicto actual contra Irán, con un ataque militar conjunto sorpresa de Estados Unidos e Israel contra instalaciones en Teherán y otras ciudades iraníes. La ofensiva buscaba destruir la capacidad militar y el programa nuclear de Irán y la provocación de un cambio de régimen frente a liderazgo islámico que le ha hecho daño a la seguridad en muchos lugares del mundo. Irán respondió con ataques a bases militares de aliados en la región y atacando a Israel y tratando de cerrar el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios internacionales del petróleo. Seis meses después, a pesar de treguas temporales e intentos de acuerdos entre Estados Unidos y su aliado Israel con Irán, los ataques navales y los ataques intermitentes continúan afectando la estabilidad en Oriente Medio y la economía mundial.

El gobierno semillero —cuatro años— sería para la historia el más irresponsable en el gasto público.

El precio del petróleo y la economía están conectados de forma directa, ya que un cambio en el precio del crudo altera el costo de los combustibles, el transporte, la energía y la producción en todo el mundo. Los combustibles más caros encarecen el transporte de materias primas y de producto terminado, y eso eleva el precio de los alimentos y de los servicios. Hay países que generan energía por medio de derivados de petróleo, y eso hace aumentar la factura de gas y de luz eléctrica, por lo que el consumo en productos no básicos se reduce. El petróleo es básico para la producción de químicos, plásticos y fertilizantes, por lo que el aumento encarece sus cadenas productivas.

Guatemala tiene absoluta dependencia de la importación de los combustibles derivados del petróleo, por los que los precios están relacionados al precio internacional. El encarecimiento de la gasolina y del diésel eleva los costos del transporte y distribución de productos agrícolas, productos terminados y otros, y afectan de forma directa el costo de la vida, incrementando las tarifas del transporte público y ejerciendo presión sobre la inflación general del país.

Ante esos incrementos en el precio del combustible, la población ha pedido apoyo al gobierno para minimizar el impacto. El gobierno pidió al Congreso una aprobación de un subsidio de Q3  mil millones  que se les daría a los importadores del combustible, de mayo a julio, esperando que el precio internacional del crudo bajara con los acuerdos de paz entre las partes del conflicto. Ese dinero, que muchos cuestionan en la transparencia del uso, se terminó antes del plazo aprobado y sin terminar el conflicto. Finalizado el subsidio, los precios siguieron en valores entre Q40 y ya casi Q50 el galón. Desde julio llevan el Ejecutivo y el Congreso recibiendo presión ciudadana para eliminar los impuestos a los combustibles, dado que el subsidio fue de muchísimo dinero, pero sin mayor efecto, pero no ha habido ninguna solución, por lo que la inflación ya se siente.

A pesar de esos costos en Guatemala, se ve la responsabilidad de la inmensa mayoría, buscando cómo llegar al trabajo o a los centros educativos, y se siente en la movilidad en todo el país. Por eso, bloqueos ilegales de carreteras tampoco son la solución. Manifestaciones pacíficas que no alteren el orden público sí se valen.

Hablando de inflación, la semana pasada, el Ministro de Finanzas presentó al Congreso su propuesta de Presupuesto para 2027. Los gastos suman Q192 mil millones con un déficit de Q54 mil millones, con lo que el gobierno semillero —cuatro años— sería para la historia el más irresponsable en el gasto público, el de menos capacidad de ejecución, el que no tiene obra pública que impacte, el que abrió el chorro a Codedes y el que le aumentó la deuda al país en números nunca vistos, que puede llevar al país a inflaciones como las del 90 (60.6%).

ESCRITO POR:

José Santiago Molina

Economista y MBA por la Universidad de Dallas en Texas, Estados Unidos. Director de empresas del giro agrícola, pecuario, industrial, comercial y financiero.