Estados Unidos
Por la libertad
El costo de ignorar los precios
La medida es totalmente populista y no tiene fundamento económico que justifique; es más, es contraproducente.
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El Congreso de la República de Guatemala aprobó de urgencia nacional una propuesta para fijar un precio máximo al diésel y las gasolinas regular y súper, aportando un subsidio cuando el precio internacional de mercado sea mayor al fijado. Ciento treinta diputados votaron a favor y aprobaron lo que ahora es el decreto 21-2026. La medida es totalmente populista y no tiene fundamento económico que la justifique; es más, es contraproducente.
El subsidio no reduce el precio internacional del petróleo ni aumenta la oferta de combustibles.
En primer lugar, es una medida populista porque ofrece un beneficio inmediato y difiere el costo. El consumidor paga menos del precio real al llenar el tanque, lo que genera un alivio visible y políticamente atractivo. Sin embargo, el costo se traslada al presupuesto del Estado. Los recursos para financiar el subsidio provienen de impuestos actuales, de recortes a otros programas o de mayor endeudamiento. Esta vez el Congreso aprobó un mecanismo de compensación con un fondo de hasta Q2,500 millones.
Como segundo punto, esta medida causa una grave distorsión de la función de los precios. Los precios son como un semáforo que transmite información útil e importante para economizar recursos. El precio del petróleo se ha incrementado por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Ese alto precio comunica a todo el mundo que, por el momento, los combustibles se han vuelto relativamente más escasos. Por ello, los consumidores tratarán de ser más eficientes al movilizarse de un sitio a otro, ponerse de acuerdo con otros para compartir viajes, buscar sustitutos (combustibles alternativos, trabajar desde casa, movilizarse en bicicleta, etc.). Obviamente, algunos no podrán sustituir el uso del combustible, pero siempre buscarán mayor eficiencia evitando viajes innecesarios. El precio tope impide que el consumidor perciba ese aumento y la urgente necesidad de reducir su consumo de combustibles.
En tercer lugar, tanto el precio tope como el subsidio provocan una mala asignación de los escasos recursos. A los guatemaltecos nos urgen otras prioridades, como mejorar la seguridad ciudadana, fortalecer el sistema de justicia, reparar adecuadamente las carreteras del país, invertir en infraestructura, reducir la deuda pública, etc.
Un cuarto punto es que beneficia también a quienes no necesitan ayuda, por lo que ocurren injustas transferencias de riqueza. El subsidio favorece a todos, independientemente de si lo necesitan o no. Lo recibe el transportista, el pequeño agricultor de las áreas más remotas de Guatemala, el dueño de una motocicleta o quien posee un vehículo de lujo. Muchos no necesitan el subsidio, pero igual lo recibirán. Otros lo pagarán con menos oportunidades para mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades.
Un quinto punto es que genera expectativas permanentes. La autorización actual surge por la presión de grupos que vieron que pueden lograr estos beneficios para ellos, dado que ya en otra ocasión se había aprobado un subsidio a los combustibles. Si el precio sigue subiendo, habrá más presiones para que continúe la medida indefinidamente.
Como sexto punto, puedo decir que estoy seguro de que creará corrupción, porque no está tan claro quién recibe el subsidio, cuánto recibe y cómo se verifica.
Finalmente, no elimina la causa del problema. La causa del aumento actual es externa a nuestro país. El subsidio no reduce el precio internacional del petróleo ni aumenta la oferta de combustibles. Simplemente socializa el costo trasladándolo del consumidor a quienes pagamos impuestos.
Una mejor solución sería invertir esos fondos en mejorar nuestras carreteras, además de eliminar los impuestos directos que actualmente gravan los combustibles.
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