Estados Unidos
Al grano
Seguridad ciudadana: el costo de seguir esperando
Las circunstancias de criminalidad no son nuevas ni diferentes. Pero el paso del tiempo las agrava.
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Los hechos criminales ocurridos recientemente en Guatemala, con varias víctimas mortales, no pueden verse como episodios aislados ni como simples sobresaltos de una coyuntura difícil. Son, más bien, una señal dolorosa de un problema que el país arrastra desde hace décadas: la incapacidad del Estado para garantizar, de manera sostenida y eficaz, la seguridad ciudadana.
Los fenómenos de criminalidad y violencia que han acaecido recientemente no son nuevos, como tampoco la falta de respuesta decisiva del Estado.
La violencia ha tenido altibajos. Ha habido períodos de aparente mejoría, operativos exitosos, capturas importantes y momentos en que las cifras parecieron ofrecer algún respiro. Pero el fondo del problema ha permanecido. Guatemala enfrenta fenómenos criminales complejos: pandillas, extorsiones, sicariato, narcotráfico, disputas territoriales, redes de corrupción y estructuras que saben moverse con rapidez entre lo local, lo transnacional y lo institucional. Frente a eso, el Estado ha respondido muchas veces tarde, fragmentado y con herramientas insuficientes.
No se trata de negar el esfuerzo de policías, investigadores, fiscales, jueces o militares que, dentro de sus competencias, enfrentan riesgos reales todos los días. El punto es otro: durante demasiado tiempo las fuerzas ordinarias y especiales de seguridad no han sido dotadas de los sistemas, la estructura ni los recursos humanos y materiales que requiere una amenaza de esta magnitud. Se les exige resultados propios de instituciones modernas, coordinadas y tecnológicamente robustas, pero con frecuencia se les entrega una organización débil, presupuestos limitados, información dispersa y capacidades desiguales.
Es verdad que el país enfrenta muchos otros problemas importantes. Hace poco hemos leído con hondo pesar los resultados de la medición Pisa sobre los niveles de formación de nuestros jóvenes, y la prolongada sequía nos ha recordado que la inseguridad alimentaria es una condición capaz de comprometer el futuro de miles de jóvenes en diversas regiones de la geografía nacional. Pero basta echar una mirada al presupuesto del Estado para descubrir que la seguridad ciudadana y del Estado compite contra docenas de otros gastos de segunda y tercera importancia. En otras palabras, se sacrifica la seguridad de la sociedad y el Estado para sufragar docenas de actividades y programas de mucho menor prioridad.
La seguridad ciudadana no se recupera con anuncios ni con despliegues temporales, ni con conferencias de prensa después de cada tragedia. Requiere inteligencia criminal, investigación financiera, control penitenciario, presencia territorial, protección de víctimas y testigos, coordinación entre instituciones, carrera policial, formación permanente, tecnología, depuración interna y liderazgo político. Requiere también una decisión clara: dejar de administrar la emergencia y empezar a construir capacidades permanentes.
El crimen organizado sí aprende, se adapta y aprovecha las debilidades del Estado. Si las instituciones encargadas de enfrentarlo permanecen rezagadas, la brecha solo crecerá. Cada año perdido encarece la solución: se pierden vidas, se deteriora la confianza pública, se paralizan comunidades, se afecta la inversión y se normaliza el miedo como parte de la vida diaria.
La discusión no debería ser si Guatemala necesita una respuesta más seria frente a la criminalidad, sino cuánto más está dispuesta a pagar por no haberla construido antes. La seguridad ciudadana no es un lujo ni un tema de campaña, ni una consigna de ocasión. Es una condición básica de libertad. Y mientras más tarden quienes deben tomar decisiones en reconocerlo y actuar en consecuencia, más difícil, más costosa y más dolorosa será la tarea de recuperar el control.
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