Estados Unidos
Al grano
¡La famosa democracia!
La democracia tiene sus riesgos. Se les enfrenta con reglas e instituciones que garantizan los derechos fundamentales.
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Para cierto talante autoritario, la democracia es más un problema que una solución. Lo que le incomoda es sencillo: entrega a la mayoría un poder de decisión considerable. Y esa mayoría, hecha de la misma débil naturaleza humana que todos compartimos, puede inclinarse por políticos dispuestos a ofrecer casi cualquier cosa a cambio del poder, incluidos los bienes y derechos de quienes recelan de ella. Que esos políticos alguna vez cumplan lo prometido es otra historia; pero el riesgo existe y no es imaginario.
La objeción no es nueva, y tampoco lo es la respuesta. En parte por eso, la Constitución de los Estados Unidos —una de las primeras del Estado moderno, entendido como concepto de la teoría política— no se limitó a organizar el gobierno de la mayoría: le puso límites. Unos son procedimentales: la división de poderes y los pesos y contrapesos que obligan a deliberar antes de decidir. Otros son sustantivos: una esfera de derechos individuales que la voluntad mayoritaria no puede penetrar, por amplia que sea la votación. Y para que esa esfera no quedara en buenos deseos, se le asignó un guardián: una Corte Suprema de Justicia verdaderamente independiente.
Esa es, quizá, la gran lección: la democracia no se agota en contar votos. Es un método para que las personas resuelvan pacíficamente sus diferencias, compitiendo con ideas dentro de reglas que protegen a todos, también a quienes pierden. No le pide a nadie que renuncie a sus convicciones; le pide que las defienda con argumentos y que acepte el veredicto de las urnas, sabiendo que sus derechos fundamentales no están en juego.
El Estado debe poner un precio exorbitante a la alternativa de la violencia política como medio para vencer a los rivales ideológicos.
Viene a cuento a propósito del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria, ocurrido el pasado 17 de octubre, en el Campo Marte. Es un crimen condenable desde todo punto de vista, y corresponde a la investigación establecer quiénes lo cometieron y por qué. Pero si, como algunos sostienen, se inscribe en el género de la violencia política, sería la señal de que sus autores intelectuales lo consideraban un rival peligroso y perdieron la esperanza de vencer sus ideas en el terreno del debate democrático.
Ahí está el fondo del asunto. Un Estado en el que la alternativa a derrotar al adversario ideológico en la competencia democrática es asesinarlo está condenado a caer en el autoritarismo. Cuando el disparo sustituye al argumento, ya no importa quién tenga la razón ni quién convenza a más ciudadanos; importa solo quién está dispuesto a llegar más lejos. Y en ese juego pierden todos: los que piensan como la víctima y los que piensan distinto, porque mañana cualquiera puede ser considerado un rival demasiado incómodo.
Por eso el Estado no puede limitarse a lamentar lo ocurrido. Su primera razón de ser es defender los derechos fundamentales de las personas, empezando por la vida, y debe emplear todos los recursos que haga falta para que la violencia nunca se considere una alternativa al debate ideológico dentro del proceso democrático. Eso exige investigaciones serias, fiscales y jueces independientes y sanciones efectivas, tanto para los autores materiales como para los intelectuales. En otras palabras, el Estado debe hacer que recurrir a esa alternativa cueste muy caro. Tan caro, que a nadie se le ocurra intentarlo.
La famosa democracia tiene sus riesgos, sin duda. Pero las alternativas son peores. Y la peor de todas es aquella en la que las diferencias se dirimen a balazos.
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