Los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) como presuntos responsables de la muerte del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, dieron un ultimátum de 48 horas al Estado de Guatemala para que ofrezca disculpas públicas y un resarcimiento por los daños que, según su defensa, les ocasionó la detención.

El abogado Karlos de León, representante legal de los hermanos, advirtió de que, si las autoridades no atienden sus exigencias dentro del plazo establecido, presentarán una demanda contra el Estado de Guatemala y buscarán el respaldo de organismos internacionales de derechos humanos.

La exigencia surge después de que un juez dictara falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz, quienes fueron detenidos el pasado 17 de octubre, luego del ataque armado en el que murieron Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, en una cancha del Campo Marte, zona 5 de la capital.

De León aseguró que la actuación policial afectó la dignidad y la imagen pública de sus representados, debido a que fueron presentados como sospechosos de un crimen de alto impacto. Además, cuestionó las circunstancias de la captura y el origen del arma que las autoridades reportaron haber localizado entre las pertenencias de los detenidos.

La defensa sostiene que los hermanos fueron señalados injustamente y que, pese a la resolución judicial favorable, las autoridades no han ofrecido una explicación pública sobre lo ocurrido durante el procedimiento policial.

Exigen un pronunciamiento del presidente

De León solicitó que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, se pronuncie sobre el caso y que el Estado asuma su responsabilidad por los daños que, según afirmó, sufrieron sus patrocinados.

El abogado consideró que las circunstancias de la detención y las dudas sobre el procedimiento policial ameritan una respuesta de las máximas autoridades del país, particularmente porque los hermanos fueron vinculados públicamente con la muerte del exfiscal.

“Ante las múltiples circunstancias que se han venido desarrollando y que este caso ha dejado más dudas que certezas, es necesario que el presidente de la República se pueda pronunciar al respecto, ya que no existe ningún pronunciamiento respecto a lo que ha suscitado con los hermanos Choc, y es necesario que el Estado pueda indemnizar la dignidad de mis patrocinados”, dijo De León.

El representante legal insistió en que la exigencia de una disculpa pública busca que las autoridades reconozcan las consecuencias de la detención sobre la reputación y la dignidad de los hermanos.

Según explicó, la demanda que preparan responde a la manera en que fueron capturados y expuestos públicamente, así como a las dudas que persisten sobre los indicios que la Policía presentó en su contra.

“Estamos haciendo un llamado al señor presidente que pueda resarcir a los hermanos Choc, porque estamos listos para demandar al Estado de Guatemala porque les quitaron la dignidad, los hincaron frente a la patrulla como grandes delincuentes en donde no sabemos qué pasó con el artefacto que les metieron en su mochila, de dónde salió, quién la puso, quién dio la orden, quién la sacó y todo eso es lo que preocupa a mis patrocinados, que en algún momento los puedan silenciar y que al final del caso no se pueda saber quiénes fueron los verdaderos responsables”, refirió el abogado.

De León cuestionó particularmente la procedencia del arma que, según el reporte policial, fue incautada durante la captura. La defensa sostiene que esta fue colocada entre las pertenencias de los hermanos, señalamiento que deberá ser esclarecido por las autoridades encargadas de investigar el procedimiento.

Denuncian amenazas y falta de seguridad

El abogado también denunció que ha recibido amenazas relacionadas con el caso, aunque no detalló públicamente las circunstancias en que ocurrieron ni identificó a los presuntos responsables.

Asimismo, afirmó que hasta el momento no han tenido acercamientos con representantes de la PNC ni del Ministerio de Gobernación para abordar la situación de seguridad de los hermanos Choc Toz.

De León considera que las autoridades debieron asignarles un esquema de protección, debido a las circunstancias de su captura y a las preocupaciones expresadas por sus representados.

La defensa también anunció que buscará apoyo internacional si el Estado no responde al ultimátum.

“Solicitamos el apoyo internacional, solicitamos el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, solicitamos el apoyo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque no es correcto que en pleno año 2026 hayamos retrocedido 40 años, en donde una persona era discriminada por no saber el idioma español, por razón de su condición económica y por venir de un pueblo a buscar mejores oportunidades”, concluyó.

Con este planteamiento, la defensa busca que el caso trascienda el ámbito nacional y que organismos internacionales conozcan las denuncias relacionadas con el trato que recibieron los hermanos durante su detención.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.