Cinco ministerios del Organismo Ejecutivo prevén destinar más de la mitad de su presupuesto de servicios personales a contratos bajo el renglón 029 en el 2027. Aunque se trata de una modalidad para contratar servicios técnicos y profesionales sin relación laboral, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) advierte de que puede utilizarse para cubrir funciones que las instituciones requieren de manera permanente.

El proyecto de Presupuesto 2027 solicita Q2 mil 525.9 millones para el renglón 029, denominado "Otras remuneraciones de personal temporal". Son Q470.5 millones más que los Q2 mil 55.4 millones aprobados para el 2026, un aumento del 22.9%, según el análisis elaborado por Fundesa con información del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

La mayor proporción aparece en Economía, Agricultura, Comunicaciones, Ambiente y Trabajo. En estas cinco carteras, entre el 53.8% y el 69.5% de los recursos del grupo 0, "Servicios personales", se concentra en el renglón 029. El porcentaje refleja gasto presupuestado, no el número de personas contratadas.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó a Prensa Libre que el peso de esta modalidad en algunos ministerios es mucho mayor de lo que sugiere el total del Ejecutivo. "En conjunto, el 029 parece pequeño: Q2,525.9 millones equivalen a cerca del 5.7% del grupo 0 (Q44,629.5 millones). Ese promedio, sin embargo, oculta mucho", señaló.

"En esos ministerios, buena parte de la operación cotidiana depende de personas que formalmente no son servidores públicos", agregó. Desde su perspectiva, la prestación de servicios clasificada como temporal podría estar sosteniendo tareas ordinarias de las dependencias, aunque las cifras presupuestarias por sí solas no permiten establecer cuántos contratos corresponden a funciones permanentes.

Las carteras que superan la mitad del gasto

El Ministerio de Economía (Mineco) registra la mayor proporción de gasto en el renglón 029 respecto de su grupo de Servicios personales: 69.5%. Le siguen el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con 69.3%; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con 68.1%; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con 65.8%; y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), con 53.8%.

Sin embargo, la institución que más recursos solicita en términos absolutos es el Ministerio de Comunicaciones, con Q429 millones. Agricultura plantea Q410.6 millones y las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Q386.7 millones. Estas tres asignaciones suman Q1 mil 226.3 millones, equivalentes al 48.6% de todo lo solicitado para el renglón 029 en el Organismo Ejecutivo.

En el extremo opuesto, el Ministerio de Educación (Mineduc) solicita Q13.8 millones, la misma cantidad aprobada en el 2026. Gobernación propone Q248.9 millones, aunque su proporción dentro del gasto en personal es considerablemente menor que la de las cinco carteras señaladas. El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) no utiliza el renglón 029, según la ficha de Fundesa, porque su personal temporal se paga por los renglones 022 y 035.

Zapata explicó que Educación y Gobernación concentran una parte importante de los puestos de planilla, principalmente por maestros y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Por eso, consideró que una comparación del promedio del Ejecutivo puede ocultar diferencias significativas entre ministerios.

El aumento no es igual en todas las instituciones

El mayor incremento porcentual para el 2027 corresponde al Ministerio de Ambiente, cuya asignación pasaría de Q78 millones aprobados en el 2026 a Q152.3 millones solicitados para el próximo año: Q74.3 millones más, equivalentes al 95.2%.

Economía pasaría de Q105.3 millones a Q149.8 millones, un aumento del 42.3%; y las Secretarías y Otras Dependencias, de Q272.9 millones a Q386.7 millones, con un alza del 41.7%. Comunicaciones registra el mayor incremento absoluto, de Q75.9 millones, al pasar de Q353.1 millones a Q429 millones.

En total, 13 de las 15 instituciones que utilizan este renglón aumentarían sus asignaciones, una las mantendría y otra las reduciría. Finanzas Públicas es la única que registra una disminución, de Q50.8 millones a Q39.3 millones, equivalente al 22.6%.

"Un alza de 22.9% en un año, con incrementos de 95% en Ambiente y 42% en Economía y en las Secretarías, merece una justificación técnica", sostuvo Zapata. La comparación corresponde a montos aprobados para el 2026 frente a los solicitados en el proyecto del 2027, no a recursos efectivamente pagados en ambos años.

Las advertencias sobre los contratos temporales

Zapata señaló tres riesgos asociados con una participación elevada del renglón 029:

1. Funciones permanentes bajo contratos temporales: que funciones permanentes sean cubiertas mediante contratos temporales, con posibles reclamos laborales por una relación encubierta
2. Contrataciones fuera del Servicio Civil: que estas contrataciones no pasen por los procesos de selección del Servicio Civil
3. Crecimiento de personal fuera de planilla: que aumente la cantidad real de personas que prestan servicios para el Estado sin que ese incremento aparezca en el conteo de puestos de planilla

La modalidad 029 corresponde a servicios técnicos y profesionales sin relación laboral. Por ello, su uso no equivale automáticamente a una plaza permanente ni demuestra, por sí solo, una contratación irregular. La inquietud planteada por Fundesa se refiere a la naturaleza de las funciones desempeñadas y a la duración efectiva de estos servicios dentro de las instituciones.

Para Zapata, la diferencia con otros renglones es relevante. Alrededor del 94% del grupo 0 corresponde a renglones de planilla, como el 011, 022, 031 y 035, y aportes patronales, que permiten identificar plazas y cantidades de personal. El presupuesto del renglón 029, en cambio, muestra cuánto se pretende gastar, pero no cuántas personas serán contratadas.

Qué información falta para evaluar el gasto

La información compartida señala que el proyecto presupuestario, por sí solo, no permite conocer el número de contratos asociados con las asignaciones, sus honorarios ni el tipo de actividades que se contratarán. Por esa razón, Zapata plantea contrastar el presupuesto con información pública de oficio, contratos publicados en Guatecompras, ejecución por renglón en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) e informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

También mencionó el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, que contempla obligaciones de publicación de información sobre personal y remuneraciones. "Los datos que realmente hacen falta son el número de contratos, el honorario promedio, los plazos, los productos entregables y si las funciones son permanentes", indicó.

La comparación que propone no se limita al presupuesto de un año: consiste en observar la proporción del renglón 029 frente a los renglones de planilla dentro de cada institución y seguir su evolución en varios ejercicios fiscales. "Eso mostraría si se trata de un apoyo temporal o de una estructura paralela de personal", concluyó.