Estados Unidos
Hagamos la diferencia
El agua no reconoce fronteras
Una oportunidad que Guatemala no puede desperdiciar
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Guatemala lleva décadas esperando una ley de aguas. No podemos seguir postergándola, pero tampoco aprobar cualquier texto solo por llenar ese vacío legal. El Congreso tiene ante sí una oportunidad histórica: construir una legislación que garantice agua para las personas, la producción y la naturaleza.
Las iniciativas presentadas abren una discusión necesaria. La propuesta elaborada mediante un proceso participativo incorpora avances importantes: reconoce el agua como bien de dominio público, contempla el derecho humano al agua y al saneamiento, propone gestionar el recurso por cuencas y regular las aguas subterráneas. Ahora corresponde perfeccionarla para que responda a los desafíos del país. Hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué ocurre con el agua cuando llega a la frontera? La respuesta es sencilla: el agua no sabe que llegó a una frontera. Guatemala tiene 38 cuencas hidrográficas principales; según el MARN, 22 son transfronterizas: 20 binacionales y dos trinacionales. Lo que hacemos aguas arriba puede afectar a poblaciones de otros países, así como las decisiones de nuestros vecinos pueden repercutir en Guatemala.
La ley no debe limitarse a mencionar las aguas internacionales. Necesitamos una política de Estado para las cuencas transfronterizas, con título específico que establezca principios de uso equitativo y razonable, prevención de daños significativos, cooperación, intercambio de información y consulta sobre proyectos capaces de afectar a otros países. Cada gran cuenca compartida debería contar con mecanismos permanentes de coordinación binacional o trinacional, con participación de autoridades hídricas y ambientales, cancillería, municipios, academia y comunidades. No debemos esperar una sequía, una inundación o un episodio de contaminación para empezar a dialogar. La diplomacia del agua debe ser permanente, preventiva y técnica.
Guatemala necesita una ley de aguas, sí. Pero necesita, sobre todo, una buena ley.
Existe una oportunidad económica. Guatemala conserva bosques, zonas de recarga y ecosistemas que regulan el agua y benefician a poblaciones aguas abajo. Debemos impulsar acuerdos con nuestros vecinos que permitan cooperar en la conservación y establecer, cuando corresponda, mecanismos de compensación por servicios ambientales. En el ámbito nacional, cada cuenca necesita diagnóstico, balance hídrico, prioridades, proyectos, financiamiento e indicadores de cumplimiento. No basta con declarar zonas de protección o promover la reforestación. Debemos almacenar agua cuando abunda, proteger acuíferos, recuperar zonas de recarga, tratar aguas residuales, modernizar el riego y prevenir sequías e inundaciones.
La nueva institucionalidad debe integrar las capacidades existentes. El MARN, Maga, Insivumeh, Inab, MSPAS, Infom, las municipalidades, Conap, MEM y Cancillería deben coordinarse dentro de sus competencias. Necesitamos coordinación, no duplicación de funciones; resultados, no solamente burocracia. La ley debe definir responsabilidades, fuentes de financiamiento, mecanismos de fiscalización y sanciones efectivas. Cada cuenca debe tener planificación y presupuesto, con información pública que permita evaluar los avances y exigir cuentas.
A quienes analizan las iniciativas les corresponde escuchar a los distintos sectores, corregir vacíos y construir acuerdos sin perder de vista el interés nacional. La legislación debe proteger el agua como patrimonio público, ordenar su aprovechamiento y reconocer que su gestión trasciende municipios, departamentos y fronteras. No legislemos solamente sobre el agua que está dentro de Guatemala. Legislemos también sobre las cuencas de las que nuestro país forma parte. El agua no reconoce fronteras. Si nosotros seguimos administrándola como si las reconociera, podríamos descubrir demasiado tarde que el problema no era únicamente la falta de agua, sino nuestra incapacidad para gobernarla.
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