Estados Unidos
Pluma invitada
Cuando el Estado pierde su autoridad
Un Estado que no puede proteger a sus propios funcionarios difícilmente puede garantizar la seguridad, la libertad y los derechos de sus ciudadanos.
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Lo ocurrido en Quiché, donde funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil fueron retenidos durante un operativo contra el contrabando, debe encender todas las alarmas del país.
Existen territorios donde la autoridad del Estado está siendo desafiada abiertamente.
No estamos ante un simple incidente de violencia del día a día, ni ante una controversia comercial. Estamos frente a una demostración preocupante de la debilidad del Estado guatemalteco y de su incapacidad para ejercer su autoridad en algunas partes de nuestro territorio. Tampoco se trata de un hecho aislado, sino de una expresión visible de un problema que lleva años gestándose en silencio.
El contrabando no es únicamente un problema de competencia desleal o de evasión fiscal. Es, sobre todo, el eslabón donde las economías ilícitas confluyen para alimentarse y seguir alimentando al crimen organizado. Las redes de contrabando pueden facilitar estructuras de corrupción, de lavado de dinero y de control territorial. La anarquía que permite su expansión forma parte del mismo debilitamiento institucional que favorece otras actividades criminales.
Donde el contrabando prospera, suelen aparecer también el cobro de extorsiones, el tráfico de drogas y otras formas de criminalidad que encuentran en la impunidad un terreno fértil.
Cuando grupos organizados pueden retener a quienes hacen cumplir la ley y utilizan su libertad como instrumento de negociación, queda en evidencia una realidad alarmante: existen territorios donde la autoridad del Estado está siendo desafiada abiertamente. El mensaje es claro: en estas zonas, las reglas las imponen otros, no las autoridades. Y la reacción violenta y desproporcionada de este suceso demuestra lo mucho que está en juego.
La liberación de los funcionarios es una buena noticia, pero no debe celebrarse como una victoria institucional. El verdadero problema persistirá mientras haya quienes desafíen violentamente a la autoridad y puedan hacerlo sin consecuencias. En ese sentido, la impunidad es tan grave como el hecho mismo y envía una señal de que no tienen miedo de desafiar al Estado.
Un Estado que no puede proteger a sus propios funcionarios difícilmente puede garantizar la seguridad, la libertad y los derechos de sus ciudadanos. Guatemala no necesita únicamente más operativos ni comunicados de condena. Necesita recuperar la autoridad legítima del Estado, combatir las estructuras criminales que prosperan bajo la impunidad y garantizar que la ley se cumpla en todo el territorio nacional. Para ello, se necesita fortalecer las instituciones, dotarlas de recursos y, sobre todo, construir la voluntad política para sostener esa lucha en el tiempo, más allá de las elecciones y de los ciclos democráticos de cada gobierno.
El vacío que deja un Estado débil nunca permanece vacío. Lo ocupan quienes tienen la capacidad de imponer sus propias reglas mediante el dinero, la intimidación o la violencia. Y, cuando eso ocurre, los primeros en pagar el precio son los ciudadanos de a pie y con consecuencias difíciles de sostener. Los comerciantes no pueden competir, el agricultor no puede transportar su cosecha y los ciudadanos no podemos confiar en las instituciones.
Cuando el crimen organizado comienza a sustituir la autoridad del Estado, lo que está en riesgo ya no es solamente el comercio formal: es la gobernabilidad misma de la nación. Porque un Estado que pierde autoridad no la recupera con discursos, sino con decisiones firmes, instituciones fuertes y una ciudadanía dispuesta a exigir que la ley se cumpla.
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