Justicia
William Balz Gallardo se declara culpable en caso Edificio MP y deberá hacer servicio comunitario en Emetra
William Balz Gallardo se declaró culpable de testaferrato en el caso Edificio MP y fue condenado a cuatro años de prisión conmutables. También deberá cumplir 40 horas de trabajo comunitario en Emetra.
William Balz Gallardo (camisa gris), procesado en el caso Edificio MP, durante la audiencia en el Juzgado Segundo Penal, en la que se declaró culpable del delito de testaferrato. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)
William Balz Gallardo aceptó este lunes 9 de noviembre cargos por el delito de testaferrato ante el Juzgado Segundo Penal, por su vinculación con el caso conocido como Edificio MP, relacionado con la adquisición anómala de un inmueble ubicado en la zona 5, valorado en Q35 millones, que sería utilizado por el Ministerio Público (MP).
Balz Gallardo se declaró culpable y el juez Mario Hichos le impuso una pena de seis años de prisión. Sin embargo, al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena quedó reducida a cuatro años conmutables a razón de Q10 diarios, además de una multa de Q83 mil 500.
También deberá cumplir 40 horas de trabajo comunitario en Emetra y hacer una donación de Q10 mil a una entidad benéfica. La audiencia de reparación digna quedó programada para el viernes 13 de noviembre.
Teresa Estrada Leyton también debía comparecer para aceptar cargos, pero no acudió a la audiencia debido a que sufrió un derrame cerebral, según se informó. La diligencia fue reprogramada para el 30 de noviembre.
Durante su declaración, Balz Gallardo mencionó que fue la exfiscal Thelma Aldana quien lo buscó para adquirir el inmueble.
Detalles del caso
La investigación detalla que el inmueble habría sido adquirido para uso del Ministerio Público, pero no ha podido utilizarse debido a las supuestas irregularidades en la compra.
El caso comenzó con una denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo.
La Fiscalía señala que hubo inconsistencias e irregularidades en la adquisición del inmueble, debido al incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
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