Estados Unidos
Por la libertad
Cine para unos, impuestos para todos
La ley es pésima, pues el gobierno se convierte en productor y promotor de la industria de cine, y esa no es su función.
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El Congreso aprobó el 10 de noviembre el decreto 27-2026, Ley de Cine de Guatemala, con 132 votos y por el procedimiento de urgencia nacional. La ley crea el Instituto Guatemalteco de Cine, el Consejo Nacional de Cinematografía, un Registro Cinematográfico y un Fondo de Fomento del Cine. Es el resultado de un fuerte intervencionismo por parte del gobierno actual. Implica más burocracia, nuevos subsidios y privilegios fiscales. Mientras se fomenta una industria en la que algunos de los que se beneficiarán no quieren competir, seguimos con demasiados problemas de inseguridad y falta de justicia. ¿Cuál es el costo de oportunidad?
El presidente debe vetar esta ley, que es innecesaria y solo hace más grande el aparato burocrático del gobierno.
Esta ley crea una enorme burocracia a través de una institución pública especializada para dirigir y promover la actividad cinematográfica. Establece una Escuela Superior Nacional de Cine. Crea un fondo de Q100 millones para financiar producción, distribución, formación, investigación y conservación de películas. Permite otorgar subsidios mediante concursos. Introduce incentivos fiscales: créditos contra el ISR y devoluciones parciales de inversión. Regula las licencias de rodaje. Crea mecanismos para conservar el patrimonio cinematográfico. Declara que las licencias no podrán utilizarse para censurar el contenido de las películas.
Si bien, la ley protege la libertad de creación, prohíbe utilizar licencias de rodaje como mecanismo de censura y podría reducir algunos obstáculos burocráticos, no hay justificación ninguna para su creación. Basta con tener un buen sistema de justicia que defienda los derechos individuales y además que se desregulen los trámites existentes en la actualidad.
La ley es pésima, pues el gobierno se convierte en productor y promotor de la industria de cine, y esa no es su función. Crea una estructura estatal completa para impulsar una actividad particular. Esto abre la puerta a una burocracia permanente y a la utilización de recursos públicos para beneficiar a un grupo determinado. Establece un fondo de Q100 millones, lo cual es una transferencia de riqueza de todos a un grupo particular. El Estado obligue a todos los tributarios a financiar las películas que un comité considere valiosas.
Por si lo anterior no fuera ya suficientemente malo, resulta que el Consejo Nacional de Cinematografía tendrá participación de ministerios, Inguat y representantes del sector. Es obvio que se favorecerá a quienes tengan mejores conexiones políticas. Se producirá basura y pagaremos todos por ello, como ha ocurrido en Francia y otros lugares que con fondos públicos se han financiado películas que nunca fueron demandadas.
Se establecen incentivos fiscales que producen muchas arbitrariedades.
Un crédito contra el ISR y las devoluciones parciales de inversión reducen el impuesto de ciertos contribuyentes o proyectos. No es función del gobierno fomentar a ningún sector. Sería mejor rebajar los impuestos para todos sin darle preferencia a algún sector. A la hora de fomentar algo o a alguien, ¿cuál es la prioridad? ¿Por qué el cine y no la justicia o la seguridad?
La creación de un instituto, una escuela, una cinemateca, direcciones administrativas y un registro van a generar nuevas plazas, edificios, reglamentos y presupuestos. Una vez creada la estructura de vividores del gobierno, será difícil reducirla. Producirá películas y documentales muy malos que serán engavetados.
Finalmente, ¿por qué aprobar esta ley de urgencia nacional? ¿Qué intereses ocultos hay tras ello? Es vergonzoso el actuar de los diputados. El presidente debe vetar esta ley, que es innecesaria y solo hace más grande el aparato burocrático del gobierno.
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