Pluma invitada

La justicia es posible: lecciones del caso Santamaría

La sentencia demuestra que las instituciones democráticas son más fuertes cuando actúan con independencia, transparencia y apego al Estado de derecho.

Representantes de la Embajada de Canadá nos sentamos en una sala de tribunal en Ciudad de Guatemala. Fuimos porque Milton Nelson Santamaría, nacido en El Salvador, era también ciudadano canadiense. Era uno de los nuestros, y Guatemala era el lugar donde había decidido establecerse.

Este caso no pertenece solo a la población LGBTIQ+. Pertenece a toda persona que alguna vez esté frente a un agente que abuse de su poder.

El 18 de abril de 2024, Milton y Eldin Choc conversaban en una tienda de San Andrés Itzapa. Era una tarde cualquiera, pero fue la última que compartieron. Durante un tiempo, la versión oficial sostuvo que Milton había sido atropellado en la vía pública.

Esa versión no prevaleció. Después de dos años de lucha, tres meses de juicio y 33 audiencias, todos los agentes de la Policía Nacional Civil procesados fueron condenados. Una agente se atrevió a hablar. Un hermano, Henry Choc, no soltó la mano de la justicia. El Ministerio Público investigó, la sociedad civil acompañó y los tribunales escucharon.

Guatemala demostró que la justicia es posible, que la impunidad no es un destino y que la verdad puede abrirse paso incluso cuando quienes debían proteger son quienes la ocultan. La sentencia demuestra que las instituciones democráticas son más fuertes cuando actúan con independencia, transparencia y apego al Estado de derecho.

Durante el juicio, la jueza recordó algo que no deberíamos olvidar: todos estamos expuestos a abusos policiales. Milton y Eldin sufrieron violencia y burlas por ser quienes eran. Lo primero que hicieron aquella tarde fue preguntar por qué los detenían. Esa pregunta puede hacerla cualquier persona, en cualquier lugar. Por eso, este caso no pertenece solo a la población LGBTIQ+, pertenece a toda persona que alguna vez esté frente a un agente que abuse de su poder.

Una sentencia no repara lo irreparable. Pero sí abre una puerta.

Las propuestas ya están sobre la mesa y nacieron aquí, en Guatemala. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público planteó a las juezas propuestas fortalecer el marco jurídico y herramientas institucionales para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia motivados por prejuicios o discriminación. Ponerle nombre al odio es una forma de decir, como sociedad, que no tiene cabida entre nosotros.

La familia de Eldin, a través de Cristosal, también pidió a la PNC dos medidas concretas: un registro nacional de agentes con antecedentes de abuso y el uso de cámaras corporales en los operativos. Son medidas de profundo efecto. Protegen a la ciudadanía, y al buen policía, que es la mayoría y no merece cargar con la sombra de quienes deshonran el uniforme. Con ellas, la verdad ya no dependería del valor de una sola persona con un teléfono en la mano.

El reto ahora es transformar este precedente judicial en avances duraderos que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones. La tarea no es únicamente del Congreso o de la PNC. También involucra a universidades, iglesias, medios de comunicación, empresas y familias.

Canadá no viene a dar lecciones. También hemos tenido que reconocer los abusos de nuestras propias instituciones y sabemos que reconocerlos duele, pero fortalece. Lo que podemos ofrecer es acompañamiento respetuoso a lo que Guatemala misma ha propuesto. Creemos en la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y los derechos humanos.

Milton y Eldin no pudieron defenderse aquella noche. Hoy, gracias al trabajo de quienes buscaron la verdad, su caso deja una lección que puede fortalecer los derechos en Guatemala. Que su legado permanezca en un país donde preguntar “¿por qué me detienen?” sea siempre un derecho y donde la respuesta de las instituciones sea siempre la protección de la ley.

ESCRITO POR:

Olivier Jacques

Embajador de Canadá en Guatemala