Al grano

Sacrificar la estabilidad. ¿A qué costo?

La reforma del Estado no sería una idea utópica, si se contara con el concurso de las élites de todos los sectores.

La estabilidad macroeconómica ha sido, durante años, una de las características de nuestro país altamente valoradas. Sin embargo, puede que exista alguna confusión: muchos la tratan como un fin en sí mismo o como la solución a la mayor parte de nuestros problemas estructurales. No lo es. La estabilidad no es la meta, sino el piso necesario para construir. Es una condición favorable, un terreno firme que permite que otras políticas públicas tengan oportunidad de éxito, pero no es, por sí sola, un motor de desarrollo.

La reforma del Estado no sería una idea utópica, si se contara con el concurso de las élites de todos los sectores.

Frecuentemente surge la duda de si la imposibilidad constitucional de que el Banco de Guatemala financie al Gobierno sea una “rigidez” que limita nuestra capacidad de enfrentar la desigualdad. Se argumenta que, si el Estado pudiera recurrir a esa fuente de financiamiento, tendríamos los recursos necesarios para cerrar las brechas de oportunidades que condenan a tantos ciudadanos de bajos ingresos. Pero esta lectura suele ignorar otro problema de fondo: un cuello de botella de nuestro desarrollo es la falta de capacidad operativa del Estado para ejecutar sus presupuestos de forma efectiva.

Ante la cuestión de si el Estado está preparado para gestionar proyectos de gran escala que reduzcan la pobreza, la respuesta se complica. Nuestras administraciones públicas, en su forma actual, parecen carecer de la arquitectura institucional necesaria para articular soluciones de alto impacto. Esto no se debe necesariamente a una falta de voluntad política, sino a un problema de estructura básica.

La administración pública padece dificultades técnicas profundas. No solo existe un déficit de cuadros profesionales especializados para diseñar políticas complejas, sino que el régimen de servicio civil —la base de cualquier Estado funcional— se ha visto limitado por una maraña de pactos colectivos cuya validez constitucional resulta, cuando menos, cuestionable. Esta dinámica ha terminado por debilitar, en buena medida, la meritocracia. En ciertos ámbitos de la gestión pública, la lógica de los pactos ha fomentado una cultura de repartición de cuotas que, en los hechos, restringe el margen de maniobra de aquellos funcionarios de alta jerarquía que intentan, desde dentro, impulsar reformas de fondo. Si bien sería un error generalizar este fenómeno a toda la burocracia, es innegable que esta estructura dificulta la continuidad de proyectos y la profesionalización del servicio. Cuando los mandos técnicos y medios no son seleccionados estrictamente por capacidad, y los altos funcionarios encuentran bloqueos sistémicos para innovar, el Estado pierde efectividad.

Por lo tanto, pretender que la solución principal sea habilitar nuevas formas de financiamiento —ya sea mediante mayor deuda o recurriendo al banco central—, corre el riesgo de ser un diagnóstico incompleto. Puede que en determinadas circunstancias y para conseguir objetivos concretamente especificados, a condición de que exista una capacidad de ejecución estatal razonable, se justifique recurrir a mayores niveles de deuda pública, a déficit presupuestarios mayores o a tasas de interés más altas. Pero, no a cualquier costo.

La prioridad debe ser otra: la reforma del Estado. Esto suena muy lejano, pero si las élites de los sectores público y privado convergieran a promoverla decididamente, no es tan utópica como algunos creen. Antes de debatir sobre qué políticas públicas son las más adecuadas para el desarrollo, debemos enfocarnos en quién y cómo las va a implementar. Es imperativo reconstruir el servicio civil, restaurar la autoridad del funcionario competente y revisar las estructuras corporativistas que dificultan la gestión pública eficiente. Solo cuando tengamos un Estado capaz de ejecutar con razonable eficacia sus presupuestos financieros cabe considerar ciertos niveles de sacrificio de esa estabilidad macroeconómica, que no es suficiente pero sí necesaria para el desarrollo.

ESCRITO POR:

Eduardo Mayora

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la UFM; LLM por la Georgetown University. Abogado. Ha sido profesor universitario en Guatemala y en el extranjero, y periodista de opinión.

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