Por la libertad
Presupuesto 2027: Deuda, despilfarro y cinismo
El gasto corriente asciende al 13.5% del PIB, y parte de ese gasto creciente y desbordado es financiado con nueva deuda, lo cual es ilegal.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 es tan abultado y malo que hasta el Foro Guatemala, junto con todas las organizaciones que le son afines, ha hecho un llamado público al Congreso para que retome la responsabilidad fiscal. En el Centro de Estudios Económico-Sociales (Cees) lo venimos diciendo cada año, porque no es solo cuestión de dónde se gasta, sino de cuánto se gasta.
Este gobierno ha sido completamente irresponsable en cuanto al gasto y la deuda pública.
Las cifras espantosas a las que hemos llegado año con año se reflejan en el presupuesto actual, con un déficit proyectado del 4.4% del producto interno bruto (PIB). El gasto corriente asciende al 13.5% del PIB, y parte de ese gasto creciente y desbordado es financiado con nueva deuda, lo cual es ilegal. Este gobierno ha sido completamente irresponsable en cuanto al gasto y la deuda pública. Es un espejismo gastar irresponsablemente porque, a corto plazo, parece que todo va bien, pero, a largo plazo, sufriremos las consecuencias. Pan para hoy y hambre para mañana. Como decía el premio nobel de Economía Milton Friedman, no se trata de copiar lo que otros países hacen hoy en día, sino lo que hicieron cuando eran pobres y lograron desarrollarse.
¿Qué hacer para volver a la responsabilidad fiscal? Se pueden hacer muchas cosas, como reducir la burocracia y el gasto superfluo que no tiene que ver con la función principal del gobierno, que es la seguridad y la justicia. Para ello hay que reducir o eliminar algunos presupuestos. Posiblemente no se pueda reducir de golpe, pero de inmediato hay que evitar pagar gasto corriente con deuda pública. No se puede aprobar un gasto si no viene acompañado de su respectivo ingreso fiscal.
Algunos dicen que es imposible reducir el gasto público. Es falso: ya ha ocurrido antes, y no solo se ha reducido el gasto público, sino también los impuestos y el presupuesto. Como ejemplo, podemos revisar lo que ocurrió en Estados Unidos durante los períodos de Harding y Coolidge, entre 1921 y 1929. Después de la Primera Guerra Mundial se redujo fuertemente el gasto militar y federal. Al mismo tiempo, las tasas del impuesto sobre la renta bajaron de manera importante y se redujo la deuda pública.
No es el único caso; hay otros ejemplos. Durante el gobierno de Jean Chrétien en Canadá, entre 1994 y 1998, el gasto tuvo una reducción nominal del 12.1%. El déficit fue eliminado y los presupuestos de 1994 a 1996 no aumentaron las tasas impositivas; posteriormente se realizaron reducciones de impuestos. Un ejemplo famoso es el de Irlanda, entre 1987 y 2000. El gobierno disminuyó el gasto y la recaudación como proporción del PIB, mientras se redujeron las tasas del impuesto sobre la renta y del impuesto corporativo. El superávit llegó al 4.5% del PIB. Otro ejemplo es el de Nueva Zelanda, entre 1984 y 1990. Se redujeron fuertemente las tasas marginales del impuesto sobre la renta y la tasa corporativa. También se reformaron empresas públicas, subsidios y programas estatales. Sin embargo, parte del ajuste se produjo mediante reformas estructurales.
En la actualidad estamos viendo lo que ocurre en Argentina con el gobierno de Javier Milei desde 2024 hasta la fecha. El gasto público consolidado bajó del 22.1% al 18.1% del PIB y el Gobierno obtuvo un superávit financiero por primera vez desde 2010. Todavía falta mucho, ya que inicialmente tuvo mucha oposición, lo que frenó las reformas integrales que el presidente Milei quería llevar a cabo. Falta que bajen más los impuestos, pero ya han ido reduciendo los derechos de exportación y otros gravámenes.
El Congreso podría modificar el presupuesto y aprobarlo de tal manera que sea viable, respetando la ley que prohíbe al gobierno endeudarse para pagar gastos corrientes. De paso, podría ponerle un techo a la deuda.