La batalla de las entidades encargadas de investigar, combatir y reducir los índices de impunidad está dando un poderoso mensaje de la ruta por la cual el país puede avanzar para impulsar muchas otras reformas que son necesarias a fin de lograr una renovación de este país. Si bien hasta ahora los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo han dejado mucho que desear en su desempeño, con una sola parte del sistema que comience a andar correctamente, las otras se verán obligadas a seguir el paso de la integridad.

Las labores emprendidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) están dando un buen ejemplo de que las cosas pueden ser muy diferentes para corregir el rumbo del modelo perverso que lleva la administración pública. Ciertamente, un gran valladar constituyen aún las redes de corrupción cuyos tentáculos están dispersos en demasiadas instituciones, y eso, sin duda, hará mucho más ardua la tarea.

Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, la principal figura se ha limitado hasta ahora a defenderse a sí misma de muchos de los señalamientos de corrupción que pesan sobre varias de las figuras más cercanas. Pero, lamentablemente, no ha existido la menor expresión de sorpresa o desconcierto, mucho menos de condena o alguna palabra de repudio hacia tales subalternos, debido a que su total desconocimiento de ese actuar revela a un personaje aislado, ensimismado, con un desempeño poco adecuado.

Lo mismo puede decirse del Legislativo, cuyos integrantes, en su mayoría, han convertido ese recinto en un centro de negocios y de tráfico de influencias que solo han contribuido al desprestigio y al deterioro económico del país, que ahora afronta una de sus peores crisis de institucionalidad, la misma que ellos juran y perjuran proteger. El país no había pasado por una situación de esta magnitud, pero todavía peor es que la causa sea el vulgar raterismo de los recursos públicos, sobre los cuales parece que no existió la menor intención de fiscalización.

El Organismo Judicial tampoco se queda atrás, como lo evidencian las investigaciones del MP y la Cicig. En el último caso puesto al descubierto por corrupción pidieron que se despoje de su inmunidad al juez José Luis Patán, quien habría solicitado plazas a cambio de emitir resoluciones a la medida de funcionarios infractores. Otra muestra de los niveles de corrupción e impunidad de los cuales gozaban estos fascinerosos de cuello blanco que se amparan en legalismos.

La esperanza comienza a despuntar con los golpes que han asestado a lo largo de casi tres meses el MP y la Cicig, labor que con un mínimo de acompañamiento de la contraparte del sistema de justicia puede provocar que muchas cosas empiecen a cambiar. Es momento de que cese el abuso que hasta ahora prevalece en los otros organismos del Estado, pese a que hay funcionarios, parlamentarios y aún jueces que quieren hacerse los sordos, pero más les valdría recuperar cuanto antes la sintonía con el sistema de pesos y contrapesos, pues ningún derecho les asiste para causar tanto daño.