Son tan abrumadores los resultados presentados en la encuesta del Instituto Nacional de Estadística acerca de los niveles de pobreza en Guatemala que se debe insistir en esa discusión: de los 15.9 millones de habitantes que tiene el país, 9.4 millones —el 59.3%— son el total de pobres, y de ese grupo, en el 23.4% se encuentran quienes están empantanados en la pobreza extrema.

Peor aún, este último grupo representaba el 15.6% en el 2006. En otras palabras, seis de cada 10 guatemaltecos son pobres, y casi uno de cada cuatro encaja en el cuadro de extrema pobreza.

Lo más lamentable de estos datos es que no alcanzan a ser comprendidos a cabalidad por la mayoría de la población, que no les otorga importancia o que duda de la confiabilidad de los informes oficiales.

Por ello tampoco se comprende que esa duda implica tácitamente que los datos pueden ser incluso mayores. Igualmente, no se les ve como los factores para predecir la realidad del país en un futuro cercano, cada vez más nebuloso a causa de un factor no tomado en cuenta: el crecimiento poblacional, uno de los más altos del mundo y del continente americano.

El tema adquiere especial relevancia porque el país se encuentra a solamente 30 días calendario de ingreso al poder de un presidente que asumirá gracias a su promesa de eliminar la corrupción, factor que tiene relación directa e indirecta con el aumento de estas cifras vergonzosas, que permiten predecir una peor realidad nacional si no se toman medidas inmediatas y además derivadas de estrategias cuyo objetivo debe ser la mezcla de lo necesario y lo urgente.

El inicio del largo camino para encarar esta tragedia no puede ser una tarea exclusiva del Gobierno. Urge la unión de objetivos, de compartir la responsabilidad en el ejercicio de los papeles que debe representar cada sector, tanto dentro de la sociedad civil como de los partidos, el sector privado, las universidades, los sindicatos, las iglesias y grupos religiosos.

Esto no es retórica, es aceptar que esas cifras indican un aumento en el número de pobres, que equivale a más de nueve millones de personas, cantidad que adquiere ribetes de dramatismo porque simplemente es demasiado alta para cualquier nación. Tampoco se debe ver esta lucha como un asunto solo de caridad o de filantropía.

Es realmente de vida o muerte que Guatemala pueda ingresar a la modernidad como debe ser, porque un alto porcentaje de sus ciudadanos tenga mejores condiciones de vida y por ello no se vea en la necesidad de emigrar a la capital o a otros países para obtener lo que aquí no puede lograr a causa de acciones inmorales.

La brújula del Gobierno y de la sociedad guatemalteca debe ser dirigida al beneficio colectivo en todos los órdenes, para que los pobladores comprendan que deben cumplir su tarea y eliminar las prácticas de inmoralidad individual, social y política. No hacerlo significará que, de mantenerse las tendencias, el número de pobres crecerá en más de un millón al año. Eso constituye una amenaza para la viabilidad del país.