Hay cifras que aturden y que son capaces de sorprender a cualquiera, como la relacionada con los decomisos que han hecho las autoridades, de drogas, dólares, precursores químicos, armas y vehículos cuyo valor asciende, solo en lo que va del 2015, a más de 958 mil millones de quetzales. Un monto de difícil comprensión, como el hecho de que equivaldría a cubrir los gastos del Estado guatemalteco por más de 13 años.

De lo anterior se deduce la monstruosa maquinaria que se mueve en torno al crimen, principalmente en tres rubros: la importación o tránsito ilegal en el país de componentes químicos que son utilizados para la fabricación de drogas a gran escala, junto a las anfetaminas. El segundo es el decomiso de cocaína, que también es elevado, y le siguen las incautaciones de vehículos robados y armas de dudoso origen, pero en todo caso su monto en quetzales se reduce a algo irrisible en comparación con el restos de decomisos.

Otra deducción obligada ante ese panorama es que el suelo guatemalteco es proclive a la proliferación de un indeseable tráfico de estupefacientes, que también tiene repercusiones en la seguridad y el sistema de salud. La más preocupante es la escalada de violencia que ello implica y que deja una profunda huella en cualquier sociedad. Baste recordar para ello las masacres cometidas en el país cuando estos carteles dirimen sus diferencias, que es a sangre y fuego, como registra la memoria periodística.

De hecho, no deja de ser curioso que en las últimas semanas las incautaciones hayan aumentado, y tampoco deja de sorprender su frecuencia y los montos de los bienes, en las que los miles de dólares decomisados se convierten en cifras millonarias de quetzales, lo que representa un beneficio para el Estado. Este capítulo es el que podría retribuir de menor manera los esfuerzos públicos, pues los mayores beneficiarios de ese reparto de recursos son el Ministerio Público, el Organismo Judicial, unidades de investigación especial y el Ministerio de Gobernación.

El resto de decomisos constituyen una pesada carga para el Estado; primero porque ponen sobre una dimensión de gran complejidad las cantidades de drogas y precursores químicos que transitan por el país, que en muchos casos solo van de tránsito hacia otros territorios del norte. Pero una secuela poco estudiada es la que ese trasiego deja para Guatemala, pues tampoco constituye una novedad que entre los narcotraficantes menores buena cantidad de la paga se hace en especie, por lo que esas cantidades de drogas circulan en el mercado nacional.

La lectura más positiva que cabría plantearse en un escenario tan deplorable como este es que muchos de esos decomisos vayan en consonancia con el esfuerzo genuino de la investigación y acción policiales, y no con simples denuncias de soplones que buscan vendetas. La descomunal cifra de lo que mueve el mercado de las drogas en el país debe ser vista como un llamado de alerta para fortalecer las pesquisas al respecto, a fin de evitar que el territorio guatemalteco continúe siendo el paraíso del narcocrimen.