La “adquisición” —a la fecha no se sabe como denominarlo— de dos aviones Pampa III ha desatado una polémica que mantiene agitada la dinámica nacional y refleja un autoritarismo visto en otras actuaciones de este infausto gobierno.

No tengo dudas de que falta material militar adecuado y moderno para tener un ejército con capacidades suficientes y que pueda cumplir las misiones que se le asignen. No es cierto que dejando de comprar aviones, barcos o armas, invirtamos más en salud o educación. De hecho, el presupuesto nunca se gasta y cuando se incrementan esos dos rubros termina siendo devorado por sindicatos voraces e irresponsables en incrementos salariales, tal y como ocurre cada año. Tampoco tengo claro que se deba promover un concurso abierto para comprar esos sistemas de armas porque no se ajusta a la exigencias de la seguridad, la defensa y la lógica de adquisición. Por tanto, los discursos de las prioridades nacionales, lo innecesario del material militar o no haberlo hecho conforme a la Ley de Compras y Contrataciones me parecen tangenciales, oportunistas o no ajustados a la realidad ¡No desviemos la atención ni seamos positivistas jurídicos enfermizos!

Lo que en política no debe hacerse jamás, ni perdonan los votantes, es mentir, justamente lo reprochable a este inútil gobierno. Un presidente y un ministro de la Defensa no pueden ir de compras sin explicar en qué van a gastar dinero público y por qué adquirir ese modelo de avión —jamás vendido— y no otro. Mucho menos negarlo repetidamente a través del vocero del Ejército o del propio vicepresidente —presidente en funciones— y, a estas alturas, no haberlo explicado todavía. Tampoco es de recibo escudarse en un convenio de cooperación técnico-científico —preconstitucional y firmado en 1980 entre las dictaduras argentina y guatemalteca: Lucas y Videla, y, al parecer, modificado silenciosamente antes de la compra— para saltarse las trancas jurídico-políticas y hacer lo que les venga en gana. Muestran descaro, desfachatez, analfabetismo político y un peligroso autoritarismo que desconoce principios elementales de democracia, gestión pública y administración del Estado. ¡Ese es el verdadero problema de lo que ocurre con esta compra. Y apesta!

En muchos lugares —este es uno de ellos— el político no entiende que es empleado público, gestor de cosas comunes y no autoridad propietaria de lo que administra. La diferencia entre dictadura y democracia, arbitrariedad y gestión transparente, estriba justamente en comprender sobre qué principios rectores se construyen lo valores republicanos. Por circunstancias del momento, elegimos a un personaje que ha batido el récord de peor presidente de la era democrática —aunque mejor pagado— y mira que los ha habido malos. No sabe, no entiende y lo peor: no quiere aprender ni lee una cuartilla sobre democracia. Ha sido capaz de llevar al país, junto con ineptos, narcos y delincuentes, al borde del precipicio y pretende explicar, cuando esporádicamente se lo permite la lucidez, aquello que hace rematadamente mal. En países desarrollados, donde el ciudadano se ilustra y exige sus derechos, estos casos terminan en tribunales o en solicitud de dimisión de quienes así manejan las cosas, pero sobre todo en lecciones aprendidas para no volver a elegir a semejantes incompetentes. Aquí, sin embargo, no se entiende ni se le presta la debida atención y se sigue votando por los mismos. La práctica se ha tornado costumbre y cómo tampoco se lee mucho, se exigen derechos ni se practican principios éticos elementales, disfrazamos el debate con tonteras o asumimos resignadamente las inevitables consecuencias de vivir en el universo alterno del realismo mágico. Y felices nos dirigimos hacia 2023, con lo mismo.