Con las declaraciones de ayer, el viceministro de la Defensa de hecho impidió la transacción de los aviones Pampa III, comprados o adquiridos a Argentina (es lo mismo) según dijo correctamente el presidente argentino, Mauricio Macri, quien no tenía obligación de saber las condiciones legales guatemaltecas para hacer ese negocio. Quedó mal el ministro Luis Ralda y pésimo el presidente Jimmy Morales, así como la canciller Sandra Jovel, pues tales acuerdos deben ser aprobados por la cancillería. Guatemala sale afectada porque, en efecto, esos aviones son usados en su país de origen para combatir aeronaves del narco, a causa de la sospechosa secretividad de toda la operación. Terminó eso, pero ahora se puede ver en el horizonte el peligro de una acción inmoral e inconveniente.

Dentro de un par de días Jimmy Morales saldrá a Washington a entrevistarse con Donald Trump. No se necesita ser suspicaz para imaginar otro yerro también sospechoso: declarar a Guatemala oficialmente como un “país seguro”, lo cual es humor negro sangriento. Es una barbaridad obligar a Guatemala a detener a los indocumentados dispuestos a pasar a Estados Unidos, pero dejándolos en nuestro país, y encargarse de darles comida y alojamiento. Es sospechosa la cercanía del fin del desgobierno actual, cuyo presidente necesita quedar bien con su colega para evitar acciones legales dentro de Estados Unidos, aunque el fin de su gobierno lo deja a la merced de acciones de ese tipo en Guatemala, como la iniciada ayer por varios exfuncionarios de la cancillería.

Lo ocurrido con los pampas (aviones alemanes con el 30% de características de la fábrica argentina, como las alas) tuvo un efecto inesperado: la reacción unánime en contra, e incluso el interés por utilizar el idioma español como base del rechazo, pues adquirir es sinónimo de comprar y ello derrumbó los penosos pretextos del ministro Ralda para intentar, sin éxito, justificar lo actuado. Se habló incluso de la diferencia entre “ley” y la de una palabra contenida entre un convenio internacional entre Estados, pero —por lógica— si este tiene obligatoriedad, es de hecho una ley. Los actos de la administración pública son públicos, con excepción de los militares o diplomáticos, pero ello no puede implicar, al ser descubiertos, la aceptación del rompimiento de la ley.

La tarea de toda persona consciente es demostrar rechazo a decisiones absurdas crueles y producto de la ignorancia. Hacer de Guatemala un tercer país seguro constituye un delito (quebrantamiento de la ley o acción imprudente penada por la ley), pero llega a crimen (delito grave) castigado en nuestro país con prisión mínima de cinco años (Diccionarios de la Lengua Española y Panhispánico Jurídico). Lo es a causa de las precarias condiciones de vida de la mayoría de guatemaltecos, lo cual impide echarse a las espaldas a miles de indocumentados cuya única opción sería ingresar a la delincuencia. Esta carencia es una de las causas de las emigraciones, de los malos tratos recibidos en Estados Unidos y de las dolorosas imágenes de niños muertos en la ruta.

Como todo mal trae un bien, los hechos de los últimos diez días y el anunciado viaje a Washington ha permitido a los guatemaltecos elevar con éxito su voz y poner en orden a funcionarios incapaces y desconocedores de las leyes guatemaltecas, rodeados de asesores mediocres. Quien sea electo en un mes debe estar plenamente consciente de ese cambio de la actitud ciudadana, pero también los conductores de instituciones estatales, ahora convertidas en centros de apañamiento. El presidente Trump debe ser informado del rechazo nacional al “país seguro” y, por el beneficio estadounidense, olvidarse de ese asunto. Ya Jimmy Morales y su equipo deberán responder a partir del 14 de enero a las 14.