Ya cumplimos una vez más con el rito de cada cuatro años donde se vota, pero no se elige. La elección de a quien se vota ocurre previamente, por parte de la gente que controla el poder económico y político, que pone a disposición candidatos preseleccionados para asegurar la preservación de sus intereses, y una maquinaria legal, política, económica y mediática que detona las pasiones ciudadanas, especialmente de la clase media guatemalteca, capitalina y concentrada en centros urbanos. Gente que, en términos generales, vive y responde a una comprensión de la realidad bastante enajenada de su propia condición de vida, no digamos de los hechos constatables de una sociedad que cada día le ofrece menos oportunidades a toda su población.

De las elecciones del domingo, tal vez solo me queda reafirmar que vi cumplirse una estrategia eleccionaria altamente efectiva, cuya esencia era muy simple: ante la ausencia de un claro candidato, capaz de aglutinar el voto, dispersaron las probabilidades en varios grupúsculos y figuras, a la par de enfocar el antivoto para derrotar a la candidata de sus odios. (Hubo otra, aún más odiada, Thelma Aldana, pero a ella la bajaron de la carrera antes de que esta oficialmente arrancara, porque sí había un peligro real de que ganara).

Quienes quedaron con soporte del establishment eran, todos, variaciones del mismo tema. Para muestra, la alianza y discursos de los otros candidatos punteros —Mulet y Farchi— con el actual ganador. La única nota discordante, no anticipada, fue que se les “coló” Thelma Cabrera, del MLP, entre los punteros. ¡Ojo, que ya pronto fijarán su estrategia en ella para evitar que levante vuelo para el 2023! Y claro, como se cumplió la estrategia, súbitamente se apagaron los gritos de “fraude electoral” —plan b— provenientes especialmente de sectores que tienen amplia experiencia en el tema.

Ya habrá tiempo más adelante para examinar la propuesta del presidente electo y su gabinete. Digamos que el 11 de agosto terminó, más bien, la más reciente temporada de la telenovela, y la nueva dará inicio el 14 de enero del 2020. Mientras tanto, tal y como ocurre con las series televisivas, nos toca ver capítulos repetidos, con una u otra escena aquí y allá de lo que anticipa la nueva temporada. En ese marco no se puede ignorar que a Jimmy Morales le quedan todavía cinco meses de gobierno. Tiempo en el que puede, fácilmente, seguir cavando más hondo y profundizar aún más la debacle. Lo más preocupante es que puede heredarle al presidente electo compromisos cuyo costo político los terminará pagando la nueva administración.

Por eso y otras cosas, a algunos les preocupa un poco que el período de transición será más extendido que nunca en esta ocasión. Desde el punto de vista político, efectivamente puede ser delicado definir qué debería decidir todavía el presidente y qué debería mejor quedar para las decisiones de una nueva administración. No obstante, desde el punto de vista de la gestión pública es una gran oportunidad que haya un período de transición prolongado, pues permite que los ministros designados y sus equipos se empapen más a fondo acerca de los enormes desafíos institucionales que tendrán que enfrentar en muy poco tiempo. La luna de miel será muy corta y el nivel de desinstitucionalización del Organismo Ejecutivo es muy alto. Ello requerirá realizar muchas acciones que no están contempladas en el plan de gobierno, tan solo para poner a funcionar el aparato institucional nuevamente y lograr después alguna parte de lo que han propuesto. No digamos lo que implicará ejecutar sus propuestas con una carga fiscal que no alcanza siquiera el 10% del PIB.