El miércoles pasado un nutrido grupo de profesionales del Derecho participó en un conversatorio con representantes de la Comisión Internacional de Juristas, que están en Guatemala dese hace varios días, estudiando la situación del sector justicia de nuestro país, la realidad de la independencia judicial, y las condiciones en que se desenvuelve el trabajo de los abogados litigantes. Han estado antes en Quetzaltenango y San Marcos.

Los visitantes son Jaime Araújo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, y Belisario Dos Santos, exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo, Brasil. También participaron el abogado Ramón Cadena, director de la oficina de la CIJ en Centroamérica, y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, doctor Marco Antonio Sagastume Guemmell.

Araújo no dejó de sorprenderse porque algunos sectores en Guatemala todavía se opongan al pluralismo jurídico y, en particular, a la justicia indígena. Y después de dos horas de un interesante intercambio de opiniones, los abogados guatemaltecos que expusieron casos llegaron a la conclusión de que el sector justicia ha perdido la confianza de los abogados y de la opinión pública porque, entre otras cosas, no se respeta el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas. Expresaron, además, que los estudios de Abogacía y Notariado tal como están hoy en día en Guatemala no capacitan bien a los estudiantes para desenvolverse apropiadamente, después de la graduación, en el ejercicio de esas profesiones; y se atribuyó tal situación, entre otras causas, a la baja calidad de la enseñanza en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, a lo cual se sumó una información del presidente del Colegio de Abogados y Notarios en el sentido de que recientemente fueron colegiados unos 300 graduados y otra cantidad parecida será colegiada el mes próximo; producción masiva de abogados, cuyo número asciende este año a cerca de 25,000 colegiados. Y ¿cómo contribuir a la solución de ese problema? Intentar legalizar, se dijo, un nuevo sistema. En España, por ejemplo, es obligado para el acceso a la profesión de abogado aprobar, después de la graduación, una maestría específica de Abogacía, o de Notaría, y posteriormente someterse a una prueba nacional de capacidad, como pasos previos a la colegiación y el ejercicio profesional. No saltan directamente al ejercicio de la profesión después de recibir el título. Antes deben demostrar capacidad, honorabilidad y valor. Y en Argentina, además de la graduación, el aspirante debe seguir estudiando y aprobar un curso teórico formativo específico, acreditar un período de prácticas en bufetes privados o en oficinas públicas y, finalmente, ganar un examen estatal de aptitud profesional, sin faltar un país donde es obligado revalidar la condición de profesional, después de algunos años de su ejercicio.

La Comisión Internacional de Juristas —cito publicaciones oficiales— es una organización internacional privada, con sede en Ginebra, Suiza; fundada en Berlín, Alemania, en 1952, por el jurista alemán Walter Linse, presidente entonces de la Asociación de Juristas Alemanes Libres. Su finalidad es proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley. La integran 60 juristas notables, de numerosos países y de todas las especialidades jurídicas. Incluye jueces, abogados y profesores de Derecho. Tiene 37 secciones nacionales y 45 organizaciones afiliadas en todo el mundo. Ha sido distinguida con los siguientes premios: Derechos Humanos, del Consejo de Europa, en 1980; de la Paz, de la Fundación Carnegie, en 1984; Erasmus, en 1989; y el de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en 1993; En 1987 fue nombrada Mensajera de la Paz por la Asamblea General de la ONU y tiene estatuto consultivo de esa organización; del Consejo Económico y Social; de la Unesco; del Consejo de Europa y de la Unión Africana, y mantiene relaciones con organismos de la OEA.