Incertidumbre, pedidos de absorber los aranceles y posibilidades de perder contratos, principalmente por la desventaja que ahora se tiene con México, es lo que están experimentando los exportadores en los primeros dos días de haber cobrado vigencia los nuevos aranceles del 10% para las importaciones en Estados Unidos a los productos desde Guatemala.

La ambigua redacción del Artículo 21 abre la puerta a interpretaciones encontradas entre expertos tributarios y la SAT, generando debate sobre sus alcances y riesgos. ¿Qué impacto tendrá en los contribuyentes y en la fiscalización financiera del país?

Provial confirma que el bloqueo ya fue retirado y el paso por la ruta Interamericana ha sido restablecido.

Seis puertos de Estados Unidos concentran el 60% de las exportaciones que llegan desde Guatemala, y en los cuales ahora se cobrará el 10% de arancel por la importación de esos productos.

Este 5 de abril entró en vigencia el arancel universal del 10% para las importaciones a Estados Unidos que provengan de diferentes países incluso desde Guatemala.

Empresarios guatemaltecos no tienen la capacidad para asumir esta carga adicional, y en medio de la incertidumbre buscan estrategias para mitigar el impacto en la competitividad y economía local.

Diferentes sectores evalúan los impactos de esta política, con preocupaciones sobre pérdida de competitividad y posibles afectaciones a la economía local, mientras el Mineco considera que nuevos aranceles violan el TLC.

El Ministerio de Economía (Mineco) fija su postura sobre el anuncio del presidente Donald Trump, quien impondrá aranceles del 10 % a las exportaciones de varios países, incluida Guatemala.

Para las importaciones desde Guatemala y el resto de Centroamérica hacia Estados Unidos se aplicará el 10% de aranceles, excepto las provenientes de Nicaragua que se les impone un 18%, anunció el presidente de Donald Trump. Aunque aún se debe analizar el contenido de la orden ejecutiva para establecer cómo se aplicará.

El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), refiere que el Estado deberá pagar alrededor de US$65 millones a empresa que construyó hidroeléctrica en Huehuetenango debido a que esta no pudo empezar a operar.