Al menos tres personas perdieron la vida el lunes 15 de abril durante un enfrentamiento entre pobladores de las comunidades Chaculá y El Aguacate, Nentón, Huehuetenango, originado por un diferendo territorial, informó el Ejército de Guatemala, cuyas unidades median para que cese la violencia en el lugar.

Pobladores dan cuenta de que vecinos de la aldea El Aguacate limpiaban los linderos de su comunidad para evitar incendios forestales, cuando habrían sido atacados a balazos por residentes de la aldea Chaculá.

Agregan que como resultado de ese ataque tres personas perdieron la vida, dos de las cuales fueron identificadas como Gaspar Torres Tadeo y Marcos Paiz. La otra víctima no fue identificada debido a que familiares se llevaron el cuerpo.

Además, el Ejército de Guatemala reporta que hay un número no establecido de heridos y desaparecidos a causa del conflicto.

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“Soldados de la Quinta Brigada de Infantería destacados en el municipio de Nentón se encuentran este día realizando tareas de negociación con comunitarios de las comunidades de El Aguacate y Chaculá, donde esta mañana se diera un evento o un incidente armado del cual preliminarmente se conoce que hay al menos tres personas fallecidas y varias personas desaparecidas”, dijo Rubén Téllez, portavoz del Ejército de Guatemala.

Téllez agregó que “la negociación ha logrado que se libere el paso sobre la Franja Transversal del Norte, asimismo, se está actuando ya para que se permita el ingreso de las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, y las ambulancias respectivas, para la extracción de los cuerpos”.

Señaló que negocia con los líderes comunitarios para que las personas que se reportan desaparecidas sean localizadas.

En el lugar se reporta que Daniel Cardona Díaz y Chan Vargas resultaron heridos durante los incidentes.

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Además, pobladores de Chaculá dijeron que hace mes y medio se llevó a cabo una reunión de medicación; sin embargo, las autoridades competentes no efectuaron las mediciones de los territorios para prevenir ese tipo de incidentes, por lo que piden que se instale un contingente de seguridad en el área.

Se dijo que luego de una medicación y con apoyo del Ejército, fiscales del Ministerio Público (MP), personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ingresaran al lugar.

Además, residente aseguran que la resolución del conflicto se complicó debido a que en el departamento no hay gobernador, ya que el Ejecutivo no ha nombrado uno luego de haber destituido al anterior.