Guzmán lamentó que con toda la información que  tienen las autoridades con relación a los estudios  sobre el estado del puente no haya acciones claras para enfocar esfuerzos en el mantenimiento, rehabilitación y readecuación de la estrucutra. “Ojalá que no pase nada”, dijo Guzmán.

Recordó que el pasado 21 de marzo la PDH  demandó a funcionarios y  exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones (CIV) por la inacción para reparar el puente Belice.

No hay interés

Se habla de millones de quetzales para reparar el puente. Pero ninguna empresa nacional mostró interés en presentar ofertas en la licitación del CIV, para nivelar la estructura de la base y renovar el concreto.

Aldo Estuardo García, ministro de Comunicaciones, explicó que no hubo ofertas para la licitación que se abrió del 20 de marzo y cerró el 2 de mayo último, a las 10 horas, por lo que dieron una prórroga, pero desconoce cuánto tiempo se ampliará el plazo.

García dijo que estudiarán qué procede si ninguna empresa se interesa en hacer el trabajo, por lo que cree que podría ser una adjudicación directa.

El funcionario lamentó que dos firmas recibieron un anónimo para no ofertar y esa podría ser la razón de la ausencia de propuestas.

Peligro latente

Prensa Libre publicó, el domingo último, que 700 familias del barrio Jesús de la Buena Esperanza viven en  peligro latente por el mal estado del puente, situación que fue confirmada por el ingeniero Rolando Torres, director del Instituto de Investigación de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), quien hace un año dirigió el estudio de la superestructura.

Según Torres, el puente enfrenta problemas de nivelación en la carpeta de rodadura o losa, por donde transitan los vehículos, que está desnivelada con respecto al pavimento de la Calzada José Milla y Vidaurre, por lo que  vibra, lo que podría dañar las piezas del puente.

Mientras, nadie se hace cargo de la reparación del Belice, las 700 familias, unas cinco mil personas, viven en riesgo. La Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres, desde hace 17 años, catalogó el barrio Jesús de la Buena Esperanza como una zona de alto riesgo