Berta Lemus, esposa de uno de los empleados, manifestó que ya no les dan crédito en las tiendas.

El jueves último también se llevó a cabo una mesa de diálogo entre las partes, en la que estuvieron presentes delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos. Juan Carlos Catalán, de esa entidad, manifestó: “Solo venimos a verificar que todo se desarrolle con tranquilidad, entendemos a los trabajadores y presentaremos un informe a la sede central.

Postura

Juan Mejía, alcalde, indicó que no todos los empleados son afectados, y que solo se deben tres o cuatro meses, pero que la comuna solo tiene fondos para pagar un mes de salario la próxima semana y otro al recibir el aporte del situado constitucional por parte del Gobierno.