En cuanto sea admitida a trámite, que todo apunta será así, la UEFA podría considerar, sin esperar a sentencia o a que se llegue a probar la injerencia deportiva de lo denunciado, que la reputación de la competición quedaría dañada por la simple presencia del equipo catalán.
El artículo cuatro del reglamento de la competición no deja lugar a duda. De hecho, este artículo entra en vigor para establecer una línea de defensa del espíritu del juego y, en especial, de los valores que intenta transmitir la UEFA de velar por una competición digna.
El reglamento de la Champions League, Europa League y Conference League, estipula en el apartado ‘g’ del artículo 4 los criterios de admisión y procedimientos de los clubes y señala que pueden haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de encuentros tanto a nivel nacional como internacional, algo que choca frontalmente con los motivos de la denuncia presentada por la fiscalía.
La UEFA se reserva siempre el derecho no de admitir a los clubes, que habiéndose ganado su participación en competiciones europeas, no cumplen todas las condiciones que pone sobre la mesa el reglamento de las citadas competiciones. El artículo 4 deja claro que ninguno de ellos puede poner en duda que la reputación no puede ser puesta en duda.
Días atrás la UEFA solicitó información de lo que estaba sucediendo cuando tan solo era una investigación, la demanda y lo dicho en la misma, ha encendido las alarmas tanto en Nyon como en el Camp Nou. La próxima Champions, en peligro.
Fiscalía denuncia a Bartomeu y Rosell
La Fiscalía ha denunciado al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por los supuestos pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira para “favorecer” al club azulgrana en la “toma de decisiones de los árbitros” en los partidos que disputase.
La Fiscalía, que propone que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, sea citado como testigo, ha interpuesto su denuncia ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona -para que la acumule en las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira-, por los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental.
La denuncia es fruto de las investigaciones que la Fiscalía de Barcelona mantiene abiertas desde hace cerca de un año por los supuestos pagos a Negreira, que a través de dos empresas ha recibido casi siete millones de euros del Barça por supuesto asesoramiento verbal al club.
Además de Rosell (que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014) y Bartomeu (entre 2014 y 2020), la denuncia se dirige contra el exdirector ejecutivo del club Oscar Grau y el ex director de deportes profesionales Albert Soler, que eran “de la máxima confianza” de Bartomeu, según el ministerio público.
Pagos para “favorecer” al Barça en decisiones arbitrales
La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana “alcanzó y mantuvo” un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, “a cambio de dinero”, realizase “actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase” y en los “resultados de las competiciones”.
A tal efecto, según la Fiscalía, las sociedades de Negreira -N SCP y D 95 S.L- giraron entre enero de 2011 y junio de 2018 facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona “sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
La Fiscalía subraya que el CTA, del que Negreira era vicepresidente, se encargaba de designar a los árbitros para cada partido de las competiciones españoles oficiales y que además el denunciado participaba en el proceso de evaluación para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de proponer los candidatos para ser colegiados internacionales.
Según la Fiscalía, los pagos realizados por el FC Barcelona a Negreira entre el 2001 y el año 2018, durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7,3 millones de euros, lo que supuso una “auténtica remuneración” no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general, de forma que estas percepciones no tuvieron “soporte legal ni estatutario alguno”.
En concreto, el ministerio público detalla que entre 2011 y 2014 -en la etapa de Rosell-, Negreira percibió del FC Barcelona más de dos millones de euros a través de sus mercantiles, mientras que entre 2014 y 2015 recibió 1,2 millones de euros y entre 2016 y 2018 otros 1,6 millones.
