Partimos de la base de que cualquier sistema tributario sin controles eficaces y eficientes y sin pago de pena proporcionada tiende a corromperse, y se cumple aquello que en “arcas abiertas hasta el justo peca”.
Tomar como punto de referencia a otro país en estas batallas puede ser bastante útil. Recientemente, el gobierno chileno bajó sustancialmente su popularidad por el descubrimiento de varios casos de corrupción a muy alto nivel.
Pocos pueden negar que Chile se ha consolidado desde hace varias décadas de manera continua como la economía más pujante de Latinoamérica, que su instituciones son muy respetadas y que es un país pionero en toda la región en la modernización de la gestión pública, incluso algunos indicadores de probidad del Foro Económico Mundial y del Banco Mundial lo colocan encima del promedio de América Latina, sin embargo, los recientes casos de corrupción indican que hace falta mucho por hacer.
A finales del año pasado, el gobierno chileno respondió creando el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Este, en consulta con actores e instituciones del país, formuló más de veinte proyectos de ley y una docena de medidas administrativas que incluyeron el financiamiento de partidos políticos y tipificación mucho más clara y efectiva de las prácticas de corrupción.
Agenda de Probidad en Chile
Las reformas, con apoyo político de la mayoría de los sectores, han tomado cuerpo y recursos financieros a través de una operación crediticia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un proyecto cuyo objetivo es fortalecer la transparencia en la relación política-negocios y prevención de la corrupción.
En comunicado, el BID detalla: “Se prevén acciones políticas para fortalecer el marco legal e institucional de probidad y transparencia en materia de declaración de intereses y de patrimonio, prevención y sanción de conflictos de interés, y administración de la actividad electoral. Por primera vez se incorpora en la legislación nacional el delito de corrupción entre particulares. Acciones para fortalecer la institucionalidad responsable de la profesionalización de la gestión pública y las exigencias de probidad y transparencia en las compras públicas y la gestión de concesiones dentro del Ministerio de Obras Públicas”.
Lo anterior denota un esfuerzo serio, completo, integral y el apoyo de una institución internacional con expertise y recursos para atacar el problema a fondo y no con medidas parciales o simple voluntarismo.
¿Puede convertirse en Guatemala el lema de campaña anticorrupción en una agenda de trabajo con un programa específico y obtener los recursos para financiarlo? Buena parte del problema del déficit fiscal se debe a las “hemorragias” de corrupción, lo prioritario debería ser cerrarlas y evitar nuevas.
Tal como apunta el profesor Domènec Melé, de IESE Business School, las causas de la corrupción son múltiples e interdependientes, pero es importante identificarlas. Una de las más importantes es la codicia personal con afán inmoderado de poder o dinero sin ningún tipo de restricción moral. Claramente los valores para luchar contra esta tendencia natural son aprendidos y fortalecidos en el seno de la familia.
Como padres de familia, ¿cómo va el ejemplo y enseñanza de estas virtudes en el hogar? No toda la solución está en el Ministerio Público o Poder Judicial, la lucha puede y debe iniciar en casa.
