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Estados Unidos otorga el estatus de protección temporal conocido como TPS a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en la lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En noviembre vence el plazo para que la administración renueve los de hondureños, salvadoreños y haitianos, que caducan en enero. Y en enero vence el plazo para que renueve el de los salvadoreños, que caduca en marzo.
Si, al contrario de lo que ha venido haciendo desde hace años, la administración no prorroga esta vez su protección, tendrán que regresar a sus países de origen o quedarse en Estados Unidos ilegalmente bajo el riesgo de ser detenidos y deportados.
Un 80 por ciento de ellos está en el mercado laboral, recuerda la Cámara de Comercio estadounidense. “Terminar con la protección pondría fin a la autorización de trabajo de muchos empleados clave para nuestras compañías”, indicó.
“Más allá, la pérdida de la autorización de empleo para estas poblaciones impactaría negativamente en industrias clave donde los beneficiarios del TPS son una cantidad significativa de la fuerza laboral”, como la construcción, el procesamiento de alimentos, hostelería y servicios sanitarios a domicilio.
Algo más de 263 mil salvadoreños son beneficiarios del TPS, según los datos del DHS correspondientes a finales de 2016.
Los beneficiarios hondureños son algo más de 86 mil; los haitianos, cerca de 60 mil, y los nicaragüenses, unos cinco mil.
