El superintendente de Telecomunicaciones, Raúl Solares, afirmó que la intervención del presidente será necesaria debido a la diferencia de opinión respecto de si le corresponde a la SIT o a Guatel la administración del proceso.
Según asesores jurídicos de la SIT, es importante que la CC celebre una audiencia pública, con el fin de garantizar certeza jurídica.
Solares refirió que la discrepancia entre quién es la entidad reguladora podría incluso violar el acuerdo comercial que Guatemala tiene con Estados Unidos.
La decisión de solicitar la opinión de la CC se tomó un día después de que Annabella Morfin, procuradora General de la Nación, se apartó de definir cuál de las dos instituciones sería la responsable de la subasta.
Morfin argumentó que debe ser el Congreso de la República el que aclare a quién le corresponde continuar el proceso de subasta.
La procuradora explicó que la Ley Orgánica de Guatel no ha sido derogada, y a pesar de que no tiene patrimonio, existe como empresa que tiene a su cargo temas de telecomunicaciones, pero a su vez también está la SIT, que es un brazo técnico del Ministerio de Comunicaciones (CIV) y tiene su propia ley.
Según Morfin, este tema debe aclararse porque el ente que preste servicios no puede ser administrador, por compromisos adquiridos por el país en el marco del acuerdo con EE. UU.
La gerente de Guatel, Sherry Ordóñez, afirmó que la institución se considera administrador del espectro radioeléctrico, al hacer referencia a que entre sus atribuciones está explotar la frecuencia AWS.
Operadores de telefonía confían en decisiones apegadas a derecho
Litza Escobar, gerente de relaciones interinstitucionales de la empresa Claro, comentó que según lo analizado existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que resolvió que la Ley General de Telecomunicaciones derogó tácitamente la Ley Orgánica de Guatel, es decir, se derogó todo lo relacionado con la normalización del espectro y demás estipulaciones que no son compatibles con la Ley General de Telecomunicaciones.
Escobar consideró que en la medida en que el proceso de subasta se lleve a cabo de forma clara, transparente y apegada a derecho, seguramente no habrá impugnaciones en contra de dicho proceso.
En ese sentido Raúl Alas, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Telefónica opinó que los procesos de impugnación que pasaron a tribunales son independientes y esperan que el inicio de un nuevo proceso cumpla con las garantías de legalidad, transparencia, certeza y seguridad jurídica que corresponde a esta licitación.
Alas dijo que desconocen la posición de la PGN sobre este tema, pero a tenor de la credibilidad de la PGN como institución garante de la legalidad y la transparencia de estos procesos en el Estado, y en el marco de la jurisprudencia de la honorable Corte de Constitucionalidad sobre la Ley de Telecomunicaciones, esperamos que la PGN emita una opinión apegada a derecho.
