Cristina Lemus, viceministra de Comunicaciones encargada de Desarrollo Urbano y Vivienda, detalló que, de momento, se desconoce el número de las familias que ha ocupado esos terrenos, dato que es necesario para poder apoyar con soluciones habitacionales. Esta es una de las principales demandas de los grupos que tienen invadida la vía.
Aseguró en una citación en el Congreso que, de momento, se coordinará con otras autoridades y con el Instituto Nacional de Estadística (INE) que cuenta con los planes maestros y las bases del Censo de Población y Vivienda 2018 para llevar a cabo la muestra, que abarcará toda la red del ferrocarril. De momento, se buscará financiamiento interno para llevar a cabo el proyecto.
El interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Augusto Ponce, recordó que existe una clausula del contrato 402 -que es el original entre esa institución y Ferrovías, firmado en 1997- en la cual se establece un plan sobre la ocupación de los terrenos de la línea férrea, por lo que se ha procedido a notificar y a señalizar.
Ponce afirmó que es complicado brindar una información de cuantas personas pueden estar habitando en casas formales e informales sobre la línea, pero se ha notificado en por lo menos 28 puntos de ocupación. Ambos funcionarios declinaron opinar sobre un posible desalojo.
El pasado 14 de enero, Ferrovías y la empresa de capital mexicano Remed, S.A., suscribieron un contrato de arrendamiento de derechos de vía y la posible rehabilitación del servicio ferroviario en el eje de Tecún Umán, San Marcos, hacia la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla.
El tramo corresponde a unos 265 kilómetros y al proyecto que se le conoce como “Tren Bicentenario”, el que ha sido cuestionado por su falta de transparencia.
