“Es un crédito que tiene varias prórrogas y se le dio la última extensión. Si no se aprueba en los próximos tres meses se perderá”, advirtió ayer Fernando Quevedo, representante del BID en Guatemala, al acudir a una citación al Congreso.
El crédito, explicó el diplomático, ingresó al Legislativo para ser aprobado el 17 de diciembre del 2014. Fue retirado en el 2015, por la crisis política que vivió el país, y de nuevo ingresó en el 2016, para su curso de legalización.
“Hay un costo administrativo por no ser aprobado, pero es más para las poblaciones afectadas y hacia donde va destinado”, dijo.
El diputado Jairo Flores, de la Comisión de Finanzas, explicó que el crédito cuenta con dictamen favorable, pero desconoce la razón por la que no avanza en la agenda legislativa.
“Puede ser que no sea una prioridad y sería una lástima que se pierdan los recursos”, aseguró Flores.
Quevedo informó que ese organismo tiene aprobado un portafolio de préstamos por US$890 millones —Q6 mil 586 millones—, de los cuales US$515 millones —Q3 mil 811 millones— están pendientes de ser aprobados por el Legislativo.
