A consideración de representanes de la Asociación de Zonas Francas Privadas, ese número seguirá creciendo porque otras ya empezaron a retirarse, pero aún no aparecen en el listado de cierres registrados en el Mineco porque el trámite puede durar de uno a tres meses.
Aunque los ejecutivos entrevistados evitaron dar nombres de empresas, Gustavo Tamayac, uno de los directivos de la asociación, dijo que estiman que han suspendido operaciones unos 60 usuarios.
Indicó que en la Zona Franca Zeta se desmantela la inversión española que incluía producción de medicamentos y otra que proveía a Suramérica pero que ahora importa a la región por Panamá.
Además, mencionó que una productora de plástcio, que se dedicaría a recliclar y exportar, hizo la inversión pero ya no iniciaron operaciones porque el plástico es una de las actividades prohibidas, según la nueva ley.
Hay 242 usuarios. A octubre del 2015 había 257 pero se retiraron 15.
70% de las empresas que operan en las zonas francas son de capital extranjero, según Amcham.
185 están en la categoría de actividad comercial, 29 industrial y 28 de servicios.
Los comerciales deben reclasificarse como de servicios, y su plazo de exoneración pasa de 5 años a 10 años.
Se excluyen 25 actividades en las zonas francas como plásticos, medicamentos, aparatos electrónicos y electrodomésticos, cósmeticos, calzado, juguetes.
También se excluyeron alimentos procesados (como galletas, aceites, margarina, pastas, productos lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo, además de alimentos para animales, y otros.
En el caso de Sadinsa, ubicada en El Naranjo, en la zona 4 de Mixco, había 26 usuarios, pero de abril a la fecha tres ya se retiraron. Estos aún no aparecen en la lista brindada por el Mineco porque hace falta que completen su trámite en el ministerio, comentó Mayra Rendón, gerente de esa zona.
La ejecutiva añadió que la zona franca no se está cerrando, pero si continúan los retiros de empresas podría llegarse a desmantelar el 50%, ya que cree que podrían retirarse otros ocho usuarios.
Panorama incierto
Del lugar se retiró una empresa farmacéutica que ocupaba el 80% del espacio y era la que generaba más empleos (unos 50). Ésta se trasladó a El Salvador, comentó Tamayac.
Otra zona franca, Incoinsa, ubicada en El Naranjo, también se desmantela y, según se indica ahora, opera al 50%.
Tamayac refirió que varias empresas manifestaron incertidumbre desde octubre del año pasado por la discusión de la ley en mención que buscaba cumplir con lo establecido por la OMC, la cual fijó para el 31 de diciembre del 2015 el vencimiento del plazo para eliminar los beneficios fiscales a las exportaciones. Fue en abril de este año, luego de que entró en vigencia el decreto 19-2016, que se agudizó la situación por las prohibiciones ahí dispuestas, comentó.
Tamayac (ejecutivo de la zona franca Cropa) y Rendón explicaron que la nueva ley prohibió 42 actividades dentro de las zonas francas, 25 más que la ley anterior.
Los ejecutivos piden al Congreso que se modifique este artículo, además de que el Mineco emita el reglamento a la ley, para tener certeza en su actuar, y están a la espera de que se resuelvan diferentes recursos legales que han presentado.
“Es la mal llamada ley emergente para la conservación del empleo la que está perjudicando, ya que al prohibir actividades, en lugar de generar empleos se están perdiendo”, expresó Rendón.
La versión del Ministerio de Economía
Luis Emilio de León, del departamento de Política Industrial del Mineco, expresó que la mayoría de las empresas que han cerrado en zonas francas, de las incluidas en la lista que se brindó a Prensa Libre, se retiraron porque se venció el plazo autorizado para el beneficio fiscal, como la exoneración del ISR por las exportaciones.
Refirió, por ejemplo, que Incoinsa empezó su proceso de cierre en febrero del 2015 y les indicó que se debía a cambio en el giro del negocio. Ésta tenía 20 usuarios y ya se retiraron 10, además de que ahora indicaron que seguirán operando con ese número, agregó.
Indicó que hay dos solicitudes para inscripción de zonas francas, una en Mixco y otra en San Vicente Pacaya, además de que cinco empresas buscan su reclasificación por actividad según la nueva ley.
