Funcionarios serán beneficiados con créditos aprobados para la crisis del coronavirus

La Ley de Emergencia aprobada por el Congreso incluye atención para salud, educación, la posibilidad de que otras entidades hagan pruebas de diagnóstico del Covid-19 y un fondo millonario al que podrían acceder funcionarios y sus familiares.

La disminución de la tasa líder de interés significa que el costo del dinero se abarate para los usuarios finales ya sea para el consumo, hipotecario o empresarial mayor o menor. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La disminución de la tasa líder de interés significa que el costo del dinero se abarate para los usuarios finales ya sea para el consumo, hipotecario o empresarial mayor o menor. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Congreso aprobó la madrugada de este miércoles la Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos causados por la Pandemia del Coronavirus Covid-19, luego de avalar dos préstamos por US$450 millones, la ratificación del toque de queda y la ampliación del estado de Calamidad Pública.

Después de una maratónica jornada que duró 12 horas, los diputados dieron vida a dicha normativa. Sin embargo, en su artículo 13, donde se destinan Q400 millones para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), establecieron que con esos créditos pueden ser beneficiadas las Personas Políticamente Expuestas.

Según la Superintendencia de Bancos (Sib), estas son aquellas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así como los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país, que, por su perfil, están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.

En este grupo están el presidente y vicepresidente de la República, ministros, legisladores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, el jefe del Ministerio Público, los jefes de fiscalías, el contralor general de Cuentas, el procurador general de la Nación, el superintendente de Administración Tributaria, y más de otros 500 funcionarios.

Fiscalización

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que ese punto es parte de los elementos que hay que fiscalizar a la hora de que se ejecuten esas medidas extraordinarias.

“De alguna manera, levantar esa restricción puede ser algo peligroso si no se tiene clara la priorización de los beneficiarios. Creería que en este caso, si tienen muy claro la priorización, no habría ningún problema en cuanto sea una persona políticamente expuesta”, dijo Casasola.

A su juicio, debe haber un criterio de priorización muy claro en cuanto a la generación de empleo, vulnerabilidad de empleo o de caer en pobreza extrema, o de que una empresa caiga en la quiebra. “El desafío o la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Ahora habrá que ver la capacidad de gestión, priorización y transparencia para asegurar que esos recursos causen el impacto que se espera”, enfatizó el analista.

Grupos vulnerables

Asimismo, el economista Édgar Balsells precisó que las mipymes tienen que ver con microfinanzas y no con bancos, y que estas ya tienen un fideicomiso en el Ministerio de Economía, por lo que no ve la necesidad de crear otro fondo.

El también exministro de Finanzas considera que esto podría beneficiar no solo a los diputados, sino también a los funcionarios que tienen “alguna empresita”.

“Los parientes de los diputados, los caciques y alcaldes no son vulnerables, y sí hay personas que son vulnerables y que no tienen capital, como los artesanos y pequeños productores”, agregó.

El profesional resaltó que los diputados envían una señal de que lo aprobado no es para el grupo de vulnerabilidad, el cual es muy bien conocido por las entidades de microfinanzas y de Micoope (Cooperativas de Ahorro y Crédito). “Ellos son los que de verdad saben el giro del negocio y no los bancos, menos el Crédito Hipotecario Nacional”, resaltó.

Ley de emergencia

El Legislativo aprobó dicha ley de emergencia con el objetivo de crear las medidas iniciales, sanitarias, económicas, financieras y sociales necesarias para atender la crisis por la contención y mitigación de los efectos de la pandemia de covid-19.

Dentro de lo aprobado en la normativa está la vigilancia de que no haya acaparamiento y se fijen precios de referencia a los 34 productos que conforman la canasta básica.

Prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrativos o intereses por atraso en cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades, siempre que la persona este al día en sus pagos.

Se ordena a los ministerios de Educación y  Finanzas velar porque no se suspendan los aportes para la alimentación escolar.

Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, indicó que en momentos de crisis este es un apoyo para los hogares guatemaltecos. “No tenemos ningún inconveniente con ello y es un apoyo para el padre de familia”, dijo.

Sin embargo, preocupa a la asociación que el pago de las colegiaturas de abril y mayo puedan atrasarse, pues esto afectaría el pago de salarios de aproximadamente 35 mil maestros que laboran en los colegios.

El Legislativo avaló también una ampliación presupuestaria por Q3 mil 667 mil 500 millones para utilizar los préstamos aprobados, por lo que el presupuesto de este año quedó en Q91 mil millones.

Atención a migrantes

Los diputados también aprobaron que el Ejecutivo no podrá negar la atención médica a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional y deberá dar instrucciones a hospitales y centros de salud para que se dé cumplimiento.

También deberán dar atención médica permanente en el Cetro de Atención de Retornados, así como información necesaria para que implementen las medidas para contener la propagación del virus.

Grupos promigrantes recibieron con beneplácito la noticia de la aprobación de medidas para vigilar la salud de los deportados, entre estas la instalación de una clínica de atención que suplantará a la pequeña que se encuentra dentro de la Fuerza Aérea de Guatemala.

Los activistas temen, no obstante, que de continuar con los procesos de deportación desde EE. UU. más casos de covid-19 podrían ingresar al país en cualquier momento, sobre todo después de que ya es oficial que al menos un migrante en detención fue diagnosticado positivo y debido al pobre control que se tiene de los deportados cuando son llevados a sus lugares de origen.

Desde que Guatemala cerró sus fronteras, han ingresado al menos cuatro vuelos con guatemaltecos que fueron detenidos en EE. UU. y enviados de vuelta al país, los cuales han transportado a 270 personas.

Lo aprobado

  • Educación

Suspensión de multas

Se prohíbe el cobro de estas, moras, gastos administrativos o intereses por atraso en cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades, siempre que la persona esté al día en sus cuotas.

Alimentación escolar

En cuanto a la alimentación escolar, se establece que los ministerios de Educación y de Finanzas velarán para que no se suspendan los aportes para la alimentación escolar y que se cumpla el derecho de alimentación.

Pago de pacto colectivo

Por aparte, se otorgaron Q400 millones a la cartera educativa para el pago de sueldos y salarios en cumplimiento de los pactos colectivos.

  • Salud

Información en idiomas

El Ministerio de Salud debe dotar de información sobre procedimientos de prevención y cuidados. El IGSS y hospitales privados deben unirse a las campañas de información, y la Academia de Lenguas Mayas difundirá la información en los principales idiomas mayas.

Abastecimiento de hospitales

Las autoridades correspondientes velarán que los hospitales y centros de salud estén abastecidos de insumos correspondientes.

Se otorgaron Q700 millones para la adecuación de hospitales y centros de salud, que incluye la instalación de hospitales y otras unidades de atención temporales. Además, dotar del equipamiento y los insumos necesarios para su operatividad.

Las municipalidades podrán comprar hasta Q300 millones en compras directas orientadas a la emergencia covid-19.

Pruebas de covid-19

Los diputados otorgaron Q100 millones para implementar en la red hospitalaria laboratorios de prueba para la detección de covid-19.

El Ministerio de Salud de forma obligatoria debe realizar las pruebas de detección a las personas que estén en cuarentena y que estén en riesgo.

Se autoriza la realización de pruebas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos bajo la rectoría del Ministerio de Salid en los casos que sean necesarios.

El ministerio no podrá negar la atención médica a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional y deberá girar instrucciones a hospitales y centros de salud para que se dé cumplimiento.

También verán dar atención medica permanente en el Cetro de Atención de Retornados, así como información necesaria para que tomen las medidas para contener la propagación del virus.

Obligaciones por pactos colectivo

También se otorgaron Q567.5 millones al Ministerio de Salud para el pago de sueldos y salarios en el cumplimiento de pactos colectivos.

  • Social

La Diaco vigilará que no se produzca acaparamiento.

El Ministerio de Economía fijará precios promedio al 15 de marzo por cada uno de los 34 productos de la canasta básica.

Por aparte se otorgaron Q100 millones para la ampliación de cobertura del programa del adulto mayor.

También Q100 millones para el programa de cobertura del Programa de Agricultura Campesina.

Se garantiza el suministro de energía eléctrica, sobre todo el subsidio que beneficia a la población en pobreza y extrema pobreza.

Se otorgaron Q700 millones para un programa de asistencia por medio de cupones para familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo a personas a adulto mayores, así como personas de la tercera edad que se encuentren en asilos. Este programa se hará en coordinación del Mides y Maga para una base de beneficiarios únicos, los cupones se canjearán en farmacias y tiendas de barrios. Serán Q350 millones para cada uno.

Se prohíbe atender peticiones de incrementos salariales y otorgamientos de prestaciones o beneficios laborales adicionales.

El pago diferenciado se aplicaran según sea el caso a vencimientos de cuotas de tarjeta de crédito, créditos con garantía fiduciaria, prendario o hipotecario para vivienda, por la cuotas de dos meses, los pagos podrán diferir de seis meses sin intereses moratorios a partir que finalice la crisis.

  • Pequeñas empresas

Se crea un fondo de protección de capitales de Q250 millones para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas.

Un fondo para las MiPymes de Q400 millones para brindarles créditos con intereses preferenciales.

Los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad (ISO) podrán diferir el pago correspondiente al trimestre hasta el 30 de septiembre al contado sin que eso genere sanción, multa o recargo alguno, quien acepte no podrá despedir a ningún trabajador hasta terminado de pagar el mismo.