Este decreto ampara las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000, en vigencia.

La semana anterior, una vez más el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional reformas a la Ley de Propiedad Industrial, debido a que el presidente de la República, Alfonso Portillo, rechazó modificaciones hechas a través de otro decreto (63-2002).

Este veto a la legislación se originó en las crítica que hicieron varias farmacéuticas, porque consideran que los cambios propuestos violan el derecho a proteger el secreto empresarial.

La nueva legislación aprobada por el Congreso es criticada por los sectores afectados una vez más, debido a que ?prácticamente no se cambió nada?.

OMC advierte peligro

La Organización Mundial de Comercio, a través, del Centro de Asesoría Legal de esa entidad, advirtió recientemente a Guatemala sobre la inconveniencia de convertir en ley el decreto 63-2002.

Según una carta enviada al Ministerio de Economía por Lucy Martínez-Mont, embajadora ante la organización de comercio, los cambios ?conllevarían grandes consecuencias, pues existiría la posibilidad de que algún miembro de la OMC nos llamará a consultas y, eventualmente, si no la derogaremos, llevarnos a un panel.?

Sin embargo, el Congreso aprobó un nuevo decreto cambiando únicamente una fecha, lo que en opinión de las farmacéuticas es lo mismo vetado por Portillo.

TLC, en riesgo

Rodolfo Lambour, director ejecutivo de la Federación de Farmacéuticas, explicó que las nuevas reformas dejan sin efecto la protección mediante patentes y los secretos empresariales.

Agregó que esa situación es preocupante, porque Guatemala podría incumplir acuerdos comerciales ya establecidos con países como México o República Dominicana.

Dijo que debe tenerse presente que ante las negociaciones de un acuerdo comercial con EEUU, lo primero que pedirán los estadounidenses será respeto a la propiedad intelectual.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcham, pidió ayer a Portillo vetar nuevamente esta reformas, para no violar los derechos de propiedad intelectual reconocidos ya por el país en otros acuerdos internacionales.

Según la Amcham, si el decreto 76-2002 es ratificado por el Ejecutivo, se excluiría de protección a medicamentos y productos químicos; además, dejaría en suspenso el trámite de solicitud de patente para dichos productos.