Presupuesto 2025: Cacif afirma que se recuperó el equilibrio con la suspensión provisional de cuatro artículos y Minfin planteará una ampliación
El gobierno emitió dos acuerdos gubernativos que aprueban la distribución analítica de ampliaciones por Q800 millones para asegurar el pago a los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado y por Q300 millones para garantizar el pago a veteranos militares, provenientes de los saldos de caja.

36-2024 del Congreso de la República
Mientras que la presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen María Torrebiarte, expresó que la suspensión de artículos del presupuesto “nos regresa a mantener ese equilibrio en los pesos y contrapesos que nos determina la Constitución”, el Ministerio de finanzas trabaja en una propuesta de ampliación presupuestaria que se presentaría ante el Congreso.
Cacif: Regresó un equilibrio en los pesos y contrapesos
Torrebiarte brindó su opinión acerca de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender de forma provisional cuatro artículos del presupuesto del Estado del 2025, en la cual el Cacif planteó en enero del presente año, una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 118, 130, 135 y 137 del decreto 36-2024 del Congreso de la República, que contiene el presupuesto.
Los cuatro están suspendidos de manera provisional hasta que se tenga una resolución definitiva por la Corte.
La líder empresarial indicó que para la organización la opinión fue favorable y están satisfechos de la decisión por unanimidad de la CC con relación a las cuatro inconstitucionalidades planteadas “porque eso nos regresa a mantener ese equilibrio en los pesos y contrapesos que nos determina la Constitución”.
Esto se debe a que cualquier ampliación presupuestaria que se necesite tiene que pasar por el Congreso y que los artículos que fueron impugnados le estaban dando atribuciones al Ejecutivo que no les compete porque son del Legislativo, explicó la ejecutiva.
A criterio de Torrebiarte, la suspensión no le afecta al presupuesto porque las clases pasivas, los Codedes y los otros rubros, ya tienen un monto presupuestado y lo que se está restringiendo es que se tiene que delimitar al monto que ya tenían presupuestado, y no pueden usar más fondos o tener ampliación sin ser aprobada por el Congreso.
Por ejemplo, si llegaran a necesitar más dinero o quisieran trasladarles más dinero a las clases pasivas o a Codedes el Ejecutivo tiene que irle a pedir la autorización al Congreso, insistió la empresaria, pero aclara que no se están dejando sin fondos esos rubros porque ya tienen recursos asignados en el presupuesto.
“Esto lo que les limita es en que si van a querer más fondos tienen que ir al Congreso a pedirlos” y son partidas ya se les habían asignado fondos bastantes más altos que en los años anteriores, expresó.
“Entonces, si van a querer asignarle más fondos a los Codedes, el Ejecutivo va a tener que ir a justificarlo al Congreso y este tendrá que analizarlo y autorizarlo o no” y si lo autorizan se tendrá que velar por qué lo están haciendo, a donde lo destinan, como lo van a ejecutar y pedir una cuentadancia, pero luego de haber cumplido con el proceso de pasar por el Legislativo, expuso en sus declaraciones.
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“Tenemos que aprender como país a respetar los procesos, y los pesos y contrapesos de las decisiones, las atribuciones de cada institución y empezar con la cuentadancia para que se haga correctamente”, añadió.
Revisar y validar
Consultada acerca de qué otras acciones se deberían hacer para cubrir esos programas o proyectos a los cuales se buscaba darles más fondos con esos artículos ahora suspendidos, Torrebiarte explicó que a las clases pasivas le subieron alrededor de Q2 mil millones más de lo que tenían antes, se está hablando de que llegaría a Q7 mil millones, por lo que considera importante revisar y validar cómo está integrado ese listado de personas de las clases pasivas a las que se les destinarían esos fondos.
Otro aspecto que menciona importante, se refiere a velar cómo se ejecuta. Considera que como ciudadanos se tiene que aprender a fiscalizar para que los recursos se dirijan a donde deberían, ya sea si son para los veteranos miliares o clases pasivas y que se tenga claridad de cuánto le está llegando a cada uno.
En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) los sectores deben empezar a revisar en dónde están invirtiendo esos fondos, por ejemplo, debería ejecutarse en infraestructura de las comunidades para el desarrollo local como agua potable, mejorar escuelas, arreglar caminos, invertir en los centros de salud.
“También es importante que de alguna manera las comunidades revisen y vean esa cuentadancia de que el dinero que les llegó, porque en todas esas comunidades hay muchas necesidades. Entonces, la pregunta es si están invirtiéndolo ahí o no lo están invirtiendo”, expresó la ejecutiva.
La fiscalización es necesaria “porque al final del día se vuelven unas cantidades de dinero significativas que hay que velar porque se inviertan, y el dinero a los Codedes debería de irse inversión en las comunidades no al gasto”.
Minfin trabaja en una ampliación
Luego de la suspensión provisional de los cuatro artículos en mención, la viceministra Administrativa de Finanzas, Débora Alvarado dio a conocer que se está trabajando en una propuesta de ampliación presupuestaria que se presentaría ante el Congreso.
“La ruta en este momento es ir al Congreso, tocar las puertas para poder solventar lo que provisionalmente tienen amparado ahorita la Corte de Constitucionalidad”, dijo la funcionaria, en una citación en el Legislativo.
Explicó que el ministro de Finanzas, por mandado del presidente de la República Bernardo Arévalo, está trabajando una iniciativa de ley para poder buscar la ampliación dentro del Congreso que ayude a solventar los déficits que se tienen como Minfin para poder cubrir el 100% del monto para clases pasivas y para veteranos, y poder buscar que esa inversión que se está interrumpiendo dentro de la ampliación dentro del decreto 36-2024 pueda llegar a las comunidades.
La viceministra explicó también que ya se publicó un Acuerdo Gubernativo con el cual se hace una ampliación de Q800 millones para ir cumpliendo con el tema de clases pasivas y un Acuerdo Gubernativo para poder solventar la ampliación de los Q300 millones para los veteranos militares, en ambos casos provenientes de saldos de caja, lo cual implica que sigue su ruta normal de acuerdo con lo que la ley mandata como Minfin.
Sin embargo, como los Q800 millones no cubre el 100% de lo que se tiene proyectado para las clases pasivas, se trabaja en la iniciativa mencionada, agregó.
Según el Minfin, los dos acuerdos gubernativos fueron publicados, este lunes 3 de febrero, en el Diario de Centro América. El acuerdo 20-2025 publicado aprueba la distribución analítica a la ampliación al presupuesto por Q800 millones para asegurar el pago a los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, y el 21-2025 aprueba la ampliación del presupuesto a favor del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por Q300 millones para garantizar el pago a los veteranos militares.
#MinfinSaleAdelante | El Acuerdo Gubernativo No. 20-2025 publicado en el @DiariodeCA aprueba la distribución analítica a la ampliación al #PresupuestoGT por Q800 millones para asegurar el pago a los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado 👵🏻👴🏻. pic.twitter.com/wW0G2ZKmFU
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) February 3, 2025
Pese a la suspensión de los artículos, el Minfin publicó dichos acuerdos con la distribución analítica de mencionadas ampliaciones, tomando en cuenta ello a criterio de los diputados al Congreso del bloque Vos, esta situación puede generar que se presenten acciones legales que podrían dejar sin efecto dichos acuerdos, tomando en cuenta la suspensión de la CC.
Sin embargo, Rolando Paiz, director Jurídico del Ministerio de Finanzas expuso consideran que la resolución de la alta corte no afecta la publicación de los acuerdos gubernativos, ya que al ser de tipo presupuestario, tienen una naturaleza distinta, al cobrar vigencia al momento en que se emiten, es decir, el 29 de enero, antes del fallo de la CC.
Fondos
- Para cubrir los desembolsos para las Clases Pasivas y Civiles del Estado, contempladas en el artículo 130 que quedó suspendido, según Clara Luz Hernández, directora de Contabilidad del Estado necesitan Q9 mil 939 millones.
- Actualmente tienen Q8 mil 614 millones, incluyendo los Q800 millones que se asignaron este lunes con el acuerdo gubernativo publicado, por lo que necesitarían Q1 mil 325 millones más, sin embargo, debido a que los diputados consideran que el acuerdo gubernativo podría ser derogado mediante alguna acción legal, se necesitarían Q2 mil 125 millones más.
- Mientras tanto, con respecto al artículo 135 del presupuesto 2025 que también fue suspendido y que se refiere a la ampliación de saldos para los Consejos Departamentales de Desarrollo, representarían Q1 mil 891 millones. Producto de Q350 millones no ejecutado en la Gran Cruzada por la Nutrición de 2022, y Q1 mil 541 millones de los recursos extraordinarios que no usaron los Consejos Departamentales de Desarrollo, quienes este año ya tienen Q12 mil 370 millones aproximadamente.
- Sobre el artículo 137 referente a la ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral por Q300 millones, el Ministerio de Finanzas considera que se cubre con el acuerdo gubernativo publicado este lunes.
- Mientras tanto, el artículo 118, regula Q2 mil millones para ejecutar fondos provenientes de donaciones.
No afecta ciclo presupuestario
La inconstitucionalidad a la ley del presupuesto 2025 decreto 36-2024 del Congreso de la República, no tendrá ningún efecto al ciclo de ingresos y del estado en otros rubros y el techo se mantiene en los Q148 mil 526 millones, por lo que se mantendrá su ejecución.
Afectaría los programas y asignaciones que fueron impugnadas y se quedarían desfinanciadas las Clases Pasivas, una parte a los Codedes, pago a veteranos militares, en otros.
El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, expuso que hay dos vías: la primera es esperar los argumentos en el periodo de 15 días para la evacuación de la audiencia en la CC ya que es una delegación del Legislativo al Ejecutivo de hacer la ampliación presupuestaria.
Aclaró que estos recursos que fueron impugnados no son recursos que se necesitan de manera inmediata.
La segunda vía es hacer una ampliación presupuestaria ya que el Congreso tenía facultado de hacerlo con más datos precisos en esos rubros.
“Ahora ya se tiene la certeza cuáles son los montos, porque ya se cerró el presupuesto 2024. Se cerró el catastro de veteranos militares, ya cerraron los Codedes con la ejecución con los aportes de la ampliación presupuestaria, ya hay más certeza del impacto de los dos aumentos que hubo en septiembre y noviembre de Clases Pasivas, entonces ya se pueden plantear subir los ingresos y los gastos”, apuntó el presidente de la Comisión de Finanzas.
Remarcó que esto sería el planteamiento para resolver el problema del ciclo presupuestario.
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Estrada Domínguez aclaró que son algunos proyectos de los Codedes que se quedan desfinanciados y no son los Q5 mil 12 millones que se aprobaron en este ejercicio fiscal, que ya fueron cargados al Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).
En este caso es parte de los Q1 mil 875 millones que se aprobó por el Congreso en el 2024 y “una parte se quedó sin ejecutar, arrancaron los proyectos y están pendientes de ejecutarse este año”. Recordó que la cantidad puede ser menos, ya que hubo una ejecución entre Q600 a Q700 millones.
El saldo de caja, que es el remante del año pasado debe financiar este programa de gasto, reiteró.
Las autoridades del Ministerio de Finanzas informaron que se está en curso del análisis de la resolución que emitió la CC y que está semana se tendría una postura a seguir.
Los artículos impugnados
- El artículo 118. "Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos", por Q2 mil millones para ejecutar fondos provenientes de donaciones, prestamos, extinción de dominio e incluso para casos de calamidades que se decrete alguno de los supuestos de la ley de orden público.
- El artículo 130. "Asignación para cubrir desfinanciamientos del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado" por los aumentos hechos en los decretos 17-2024 y 18-2024. Esto además de ser ilegal (porque no puede el ministerio ampliar por acuerdo gubernativo el presupuesto) es antitécnico, porque, esto ya debió contemplarse como gasto ordinario del Estado para este año y no como ampliación presupuestaria.
- El artículo 135. "Ampliación a los Consejos Departamentales de Desarrollo", establece que se podrá ampliar el Presupuesto 2025 hasta por los saldos por devengar de las asignaciones extraordinarias a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo, aprobadas mediante el artículo 12 del Decreto Número 17-2024 del Congreso de la República de Guatemala (ampliación del año pasado) y mediante el Artículo 130, "Asignación presupuestaria para apoyo de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición en el Decreto Número 54-2022. Nuevamente esto es ilegal porque no se puede hacer por acuerdo gubernativo y en este caso, la ampliación del 2024, si no se ejecutó así debe quedar; y si se comprometió algo, debió quedar provisionado y no ponerse como una ampliación para cubrir la ampliación anterior, según el Cacif.
- El artículo 137. "Ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral". Se amplía hasta por el monto de Q300 millones el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente a favor del Ministerio de Desarrollo Social hasta por el monto necesario para cubrir los compromisos de los beneficiarios del Decreto Número 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Temporal de Desarrollo Integral y sus reformas.