Alejandro Giammattei sancionó el decreto el jueves 14 de diciembre, según la publicación en el área legal del Diario de Centro América y aparecen las firmas del presidente identificado como Giammattei Falla, del ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez y de la secretaria General de la Presidencia, María Consuelo Ramírez.
Durante su discurso en la Escuela Politécnica, el mandatario dijo este viernes que el presupuesto “fue sancionado el día de ayer y publicado el día de hoy”, según indicó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Entrará en vigencia el 1 de enero próximo, para el año fiscal que termina el 31 de diciembre del 2024.
Será financiado por Q98 mil 533.2 millones de ingresos tributarios, y Q13 mil 671.8 millones de deuda pública interna y externa, entre otros recursos.
Sin embargo, desde que se dio a conocer el dictamen de la comisión de Finanzas y Moneda del Legislativo, la iniciativa de ley había sido cuestionada y calificada de ser poco técnica, por reducir recursos a temas de salud y educación, y designar fondos a organizaciones no gubernamentales.
A inicios de diciembre diversas entidades criticaron el contenido del presupuesto y solicitaron públicamente que fuera vetado.
Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) refirió que el presupuesto general 2024 aprobado por el pleno del Congreso de la República, deja asignaciones especificas a oenegés, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando así la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público, y señaló que esos aspectos solo generarán mayor corrupción, se indicó.
También señalaron que atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal seria cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y “se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podrían recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6 mil 260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas”.
